Coprocom le aclara a Chaves y a ministra del Micitt que posee competencias para pronunciarse sobre reglamento de 5G

San José, 20 oct (elmundo.cr) – La Comisión para promover la competencia (Coprocom) le aclaró al presidente de la República, Rodrigo Chaves, y a la ministra del Micitt, Paula Bogantes, que posee competencias para pronunciarse sobre reglamento para el desarrollo de la tecnología 5G.

Se trata del decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT que estableció el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el jueves 31 de agosto.

En conferencia de prensa en Casa Presidencial, la ministra del Micitt señaló que “la solicitud que manda la Coprocom, nosotros la estamos atendiendo y daremos respuestas. Sin embargo, por competencia, no es la Coprocom quien ve este tema, sino la Sutel”.

“Entonces, lo que está diciendo es que Coprocom no tiene la competencia legal, le puede pedir, pero es una solicitud amable, eso es lo que está diciendo, porque ellos no son responsables de eso”, agregó el presidente Chaves.

Ante esto, la Coprocom señaló que las restricciones que impone este reglamento “se encuentran relacionadas con el suministro de hardware y software para el despliegue de redes 5G, por lo que abarca bienes y servicios en los cuales esta Autoridad de Competencia resulta competente para pronunciarse”.

“Lo anterior, por cuanto dicho suministro no corresponde a los operadores de redes ni prestadores de servicios de telecomunicaciones, mismos que son resorte de la Superintendencia de Telecomunicaciones”, agrega.

Además, recalcan que “bajo el artículo 21 de la Ley 9734, las entidades públicas que conforman la Administración Activa están obligados a informar, en un plazo no mayor de 30 días naturales, sus motivaciones en los casos en que opten por apartarse de las recomendaciones emitidas por esta Comisión”.

“Es preciso de acuerdo con la normativa vigente, que las justificaciones para alejarse de estas, deben ser motivadas y formalizadas por escrito y ser de conocimiento de toda la ciudadanía”, concluyen.

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