San José, 12 jun (elmundo.cr) – La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), ordenándole emitir de manera inmediata la normativa y las tarifas pendientes para la implementación de la Ley N.° 10086, Ley de Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables.
El fallo del Tribunal Constitucional responde a una denuncia interpuesta por representantes del sector energético, quienes señalaron que la Aresep ha incumplido con los plazos legales establecidos para habilitar la integración de recursos energéticos distribuidos al Sistema Eléctrico Nacional.
Según los magistrados, la normativa otorgó a la institución un plazo de seis meses para aprobar las tarifas de servicios auxiliares y doce meses para definir los instrumentos regulatorios necesarios. Sin embargo, dichos periodos vencieron entre julio de 2022 y enero de 2023, sin que a la fecha se haya concretado la implementación total de lo dispuesto por el legislador.
“El retraso resulta desproporcionado y mantiene una situación de incertidumbre que afecta tanto a los actores económicos involucrados como a la efectiva aplicación de la ley”, concluyó la Sala.
El órgano constitucional enfatizó que la omisión de la Aresep trasciende lo meramente administrativo. De acuerdo con la resolución, la falta de regulación limita la operatividad de un modelo diseñado para favorecer la generación eléctrica sostenible, la descarbonización y la diversificación de fuentes renovables, pilares fundamentales de la política energética nacional.
Aunque el Tribunal reconoció las gestiones realizadas por la entidad reguladora, determinó que el incumplimiento de los plazos legales contraviene el espíritu de la ley, la cual busca fomentar el aprovechamiento racional de los recursos energéticos en el país.
Este fallo refuerza la jurisprudencia de la Sala Constitucional en materia de cumplimiento de plazos legales por parte de entes reguladores, exigiendo mayor celeridad en procesos que impactan directamente el desarrollo económico y la sostenibilidad ambiental de Costa Rica.
