San José, 4 oct (elmundo.cr) – Coopesalud R.L. denunció a la jefa del Área de Contabilidad de Costos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Azyhadee Picado Vidaúrre, ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, por el delito de Influencia en contra de la Hacienda Pública.
Esto por supuestamente incluir información falsa en el documento denominado “Estudio de Razonabilidad De Precios”, el fue utilizado en el trámite de adjudicación de servicios tercerizados de salud para la operación de 10 áreas de salud y 138 Ebais, generando una afectación directa sobre el proceso.
Según Coopesalud, “este uso de información falsa, se habría dado con la intención de simular un sobreprecio en los servicios de nuestra cooperativa, ocultando información que le permitiría a la CCSS un ahorro millonario y garantizar la continuidad de un servicio de la más alta calidad a los asegurados”.
“El manejo irresponsable de esta información ha inducido a error al Ministerio Público y generado enormes daños reputacionales y económicos, tanto a las cooperativas afectadas en el proceso de tercerización, como a las personas físicas relacionadas al mismo”, sostienen.
Coopesalud enfatizó que “confiamos en el sistema jurídico de Costa Rica y llevaremos este proceso hasta las últimas consecuencias, para demostrar la verdad real de los hechos”.
“En la denuncia planteada, se detallan tablas de análisis de costos, donde la jefatura de Área de Contabilidad de Costos de la Caja, inserta hechos falsos de manera que influye en la generación de un falso sobreprecio. Es así como en las tablas de costos ignora y omite los ahorros para la Caja de ¢42 mil millones en 10 años solo en salarios y hasta ¢50 mil millones en ese mismo periodo de forma global”, explican.
Para la Cooperativa “evitar este ahorro e insertar información falsa en un documento público para simular un sobreprecio inexistente que induce a error a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a la opinión pública, claramente contraviene los principios de interés público, probidad y sana administración”.
“El daño que se ha hecho al proceso de adjudicación no solo afecta a las cooperativas, sino que impacta directamente en la seguridad jurídica y la continuidad del servicio para más de 587 mil personas”, aseguran.
Cuadro 1
