San José, 9 ago (elmundo.cr) – Henning Jensen, Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR) no debió haber aprobado el presupuesto para la plaza que se le asignó a su hija en el Centro Infantil Laboratorio (CIL) de la institución.
Así se desprende de un informe de auditoría efectuado por la Contraloría de la Universidad de Costa Rica, tras una gestión interpuesta por el Sindicato de Empleados de la UCR (SINDEU) y que tiene a la universidad estatal y a su Rector en las miras de las autoridades judiciales.
Precisamente este caso fue el que desató tensiones entre Jensen y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), luego de que oficiales de este cuerpo de seguridad ingresaran al campus de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, para pedir información sobre los pasos a seguir para obtener información sobre este caso.
Las investigaciones, si bien no han avanzado al punto de que se tenga claro la comisión de un presunto delito y los responsables, gira en torno a un supuesto tráfico de influencias.
Sin embargo, la Contraloría de la Universidad de Costa Rica no encontró indicios de ello en sus pesquisas.
Elena Jensen, hija del Rector Henning Jensen empezó a trabajar de forma interina y por medio tiempo desde el 2013 en la Universidad; posteriormente su jornada se amplió y en el 2015 la Rectoría de la UCR autorizó el contenido presupuestario para que ella se mantuviera en esa plaza.
La Contraloría de la UCR declaró que tal acción no debió haber sido hecha por Henning Jensen, pues beneficiaba a una pariente.
Y si bien Jensen estaba impedido para aprobar el presupuesto para la plaza de su hija, el informe no encontró indicios suficientes como para calificarlo como tráfico de influencias.
El informe fechado al 28 de julio pasado, podría ser empleado como prueba por las autoridades judiciales para continuar la investigación que se mantiene abierta.
La única recomendación que hizo la auditoría de la Contraloría de la universidad fue que se determine el procedimiento que se debe seguir para crear y prorrogar plazas temporales con cargo a la partida presupuestaria de “Servicios Especiales”, que administra la Rectoría, las vice rectorías y otras dependencias de la universidad.
