San José, 18 jul (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) respondió este lunes a las críticas emitidas por la ministra de Salud, Mary Munive, sobre presuntos atrasos en procesos de contratación pública atribuidos al ente contralor.
El gerente de la División de Contratación Pública de la Contraloría, Roberto Rodríguez, lamentó “los desafortunados comentarios” de la jerarca y recordó que “Costa Rica es un Estado de derecho, y cumplir la ley no es una opción, es una obligación”.
Rodríguez aclaró que los procedimientos establecidos por ley para las compras del Estado tienen como fin asegurar el buen uso de los fondos públicos. “La ley dispone la forma en que se deben tramitar las compras del Estado para garantizar el buen uso de los dineros de todos los costarricenses”, expresó.
Además, el funcionario explicó que los oferentes están en su derecho de cuestionar decisiones tomadas en procesos de contratación pública, lo cual puede implicar plazos que deben ser considerados desde la etapa de planificación. “Si hubo atrasos fue por la falta de planificación y decisiones oportunas que corren siempre a cargo de la institución pública”, señaló.
Como ejemplo, indicó que en la compra de computadoras el Ministerio de Salud tardó 11 meses en adjudicar el contrato, y en el caso de vehículos, la demora fue de cinco meses.
También respondió a los cuestionamientos sobre la ejecución de recursos. “Le recuerdo a la señora ministra que los concursos iniciaron entre septiembre y noviembre de 2024, lo que tenía un alto riesgo en no ser ejecutados en ese año, tal como sucedió”, dijo Rodríguez, calificando como falsa la acusación de que los atrasos fueron causados por la Contraloría.
Por último, recalcó que “ese tipo de decisiones son adoptadas por la División de Contratación Pública, donde no participa la Contralora General de la República, de manera que resulta gratuita la mención de la contralora en las declaraciones dadas hoy”.
La Contraloría dejó claro que continuará actuando conforme a la normativa vigente, velando por la correcta utilización de los recursos del Estado.
