El Gobierno de Laura Fernández prometió recuperar el control de las cárceles costarricenses, eliminar privilegios y terminar con los liderazgos que algunos privados de libertad ejercen dentro de los centros penitenciarios. En ese contexto, un operativo realizado este viernes 9 de octubre en La Reforma terminó bajo investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público por presuntas agresiones contra reclusos.
La intervención se desarrolló en el Centro de Atención Institucional Jorge Arturo Montero Castro, en San Rafael de Alajuela, con participación del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, la Policía Penitenciaria y otros cuerpos policiales.
Mientras las autoridades judiciales investigan las denuncias, el Ministerio de Justicia sostiene que no hubo agresiones ni maltratos durante el procedimiento.
El caso ocurre en medio de una transformación de las condiciones de reclusión impulsada por el Poder Ejecutivo, que incluye medidas dirigidas a los llamados “jachudos”.
¿Quiénes son los “jachudos” dentro de las cárceles?
En el ambiente penitenciario costarricense se utiliza el término “jachudos” para identificar a privados de libertad que ejercen o se atribuyen posiciones de liderazgo dentro de determinados ámbitos carcelarios.
Se trata de personas que pueden ejercer influencia sobre otros reclusos y participar en dinámicas de poder internas, al margen de la autoridad formal de la administración penitenciaria.
Precisamente, uno de los objetivos anunciados por el Gobierno de Laura Fernández es eliminar esas estructuras de poder.
El 22 de julio, el Ministerio de Justicia anunció una nueva política penitenciaria basada en cuatro principios: orden, control, disciplina y cero tolerancia con la corrupción.
Entre las medidas ordenadas figuró la reubicación de los privados de libertad identificados como líderes de ámbitos, conocidos como “jachudos”, para impedir que continuaran ejerciendo control sobre otros internos.
Sin embargo, hasta ahora no se ha establecido que las personas presuntamente agredidas durante el operativo del viernes fueran precisamente esos líderes.
El Gobierno endureció las condiciones en las cárceles
La administración Fernández también impulsó medidas para restringir determinadas condiciones y beneficios que existían dentro de los centros penitenciarios.
Entre los cambios se encuentra la eliminación de las pulperías internas y el retiro de televisores que permanecían dentro de las celdas.
En julio, el Ministerio de Justicia informó sobre el retiro de 187 pantallas de televisión, 123 controles remotos y 20 cajas convertidoras en siete centros penitenciarios.
Las autoridades también anunciaron medidas para reorganizar la administración de las cárceles, trasladar a determinados líderes internos y reforzar los controles sobre el personal penitenciario.
El propósito declarado del Gobierno es que la autoridad dentro de los centros penales corresponda exclusivamente a las instituciones del Estado y no a estructuras informales de poder.
Es en medio de esa política de mayor control donde se produjo el operativo que ahora investigan las autoridades judiciales.
¿Qué investiga el OIJ?
El Organismo de Investigación Judicial confirmó que mantiene una investigación sobre presuntas agresiones ocurridas durante la intervención en La Reforma.
Las diligencias se desarrollan bajo la dirección funcional del fiscal general de la República, Carlo Díaz, debido a que el caso involucra a un miembro de los Supremos Poderes.
“Me indican que bajo dirección funcional con el Ministerio Público, se está haciendo la investigación. Es importante indicar que el OIJ está investigando bajo la dirección funcional del Fiscal General, esto por tratarse de un miembro de los Supremos Poderes”, informó la oficina de prensa del OIJ.
La Policía Judicial no precisó inicialmente la identidad de la persona involucrada ni su eventual participación en los hechos.
La investigación busca esclarecer lo sucedido durante el procedimiento y determinar si existen elementos que permitan establecer responsabilidades penales.
Justicia niega golpes y un supuesto fallecimiento
El Ministerio de Justicia y Paz rechazó las versiones sobre agresiones contra privados de libertad.
La institución también desmintió el supuesto fallecimiento de un recluso de apellido González.
Según explicó, un abogado particular alertó al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre la aparente muerte del hombre.
Tras revisar el ámbito donde permanecía recluido, las autoridades penitenciarias aseguraron haberlo encontrado dormido y en buenas condiciones de salud.
“Es absolutamente falso que haya sufrido algún tipo de agresión que le ocasionara la muerte, ni que se haya presentado ningún tipo de enfrentamiento o maltrato a algún otro de sus compañeros”, indicó Justicia.
Este sábado, el ministro Gabriel Aguilar Vargas volvió a rechazar las denuncias.
“Es rotundamente falso que hubiese agresiones o maltratos en el operativo realizado en el centro penitenciario La Reforma”, manifestó.
El jerarca explicó que se trató de una requisa rutinaria, realizada junto con el Ministerio de Seguridad Pública, en la que se utilizaron escáneres móviles para detectar objetos prohibidos.
El ministro señala tensiones por la nueva cárcel de alta contención
Aguilar Vargas también relacionó las denuncias con la próxima apertura del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).
Según el jerarca, la entrada en funcionamiento de ese centro genera tensiones entre determinados sectores de la población penitenciaria.
El ministro considera que ese ambiente explica los señalamientos contra las autoridades.
Sin embargo, esa es la interpretación del titular de Justicia y no una conclusión establecida por el OIJ o el Ministerio Público.
¿Fueron golpeados los “jachudos”?
La respuesta todavía no está determinada.
Lo confirmado es que se realizó un operativo policial en La Reforma, que existen denuncias sobre presuntas agresiones y que el OIJ investiga lo ocurrido bajo la dirección del Ministerio Público.
También está confirmado que el Ministerio de Justicia niega los maltratos y sostiene que la intervención correspondió a una requisa de seguridad.
No se ha acreditado públicamente que las personas presuntamente afectadas fueran los llamados “jachudos”, ni que las denuncias correspondan a una acción dirigida específicamente contra esos liderazgos.
La política penitenciaria del Gobierno busca recuperar el control de los centros penales, eliminar privilegios y desarticular estructuras internas de poder.
Pero las medidas de seguridad y disciplina deben desarrollarse dentro del marco legal y respetando los derechos de las personas privadas de libertad.
Ahora corresponderá a las autoridades judiciales determinar qué sucedió durante el operativo del viernes y si existen elementos que permitan confirmar las agresiones denunciadas.
Por ahora, hay una investigación abierta, un desmentido del Ministerio de Justicia y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿qué ocurrió realmente dentro de La Reforma?
