Contraloría frenó compra de agujas y semáforos para cruces de trenes

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San José, 9 may (elmundo.cr) – Un concurso público que se promovió con el único interés de dar seguridad a los conductores y las personas que transitan por los cruces de trenes fue rechazado por la Contraloría General de la República (CGR).

A pesar de que el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) insistió ante la CGR en la urgente necesidad de instalar sistemas semafóricos en los cruces de trenes del área Metropolitana, el ente contralor impidió la compra de los mismos.

La CGR anuló de oficio la adjudicación del COSEVI a favor de la licitación pública que promovía la compra e instalación de sistemas semafóricos para cruces con el ferrocarril.

El COSEVI había adjudicado a la empresa SEMEX S.A. de C.V. el suministro e instalación del equipo agujas y semáforos por un monto de $3.293.193.13.

La adjudicación de SEMEX fue apelada por la otra empresa participante en el concurso, METROPAR, pero a pesar de que la CGR rechazó el recurso promovido por esta empresa de origen español, procedió a anular de oficio la adjudicación a la primera.

Alegó en el acto la CGR que la empresa SEMEX no estaba inscrita como patrono en la Caja Costarricense del Seguro Social, esto a pesar de que la adjudicada en cuestión aclaró que para la instalación del equipo de señalización subcontrataría una empresa nacional, por lo tanto no tendría trabajadores a su cargo.

Incluso la empresa adjudicada (mexicana) presentó las constancias de que la empresa subcontratadas para la instalación de los sistemas semafóricos, estaba debidamente inscrita en la CCSS, la Contraloría obvió está aclaración.

Alega la empresa mexicana que en el mismo cartel promovido por el COSEVI se daba la opción de subcontratar la instalación del equipo, y por tanto de que la empresa que debía estar inscrita como patrono era la subcontratada, no la que suministraría los componentes a instalar.

Por último la CGR consideró que la etapa para que la empresa SEMEX impugnara el acto ya estaba concluida, y no admitió los alegatos respecto a la legítima inscripción en la CCSS de la empresa que se encargaría de la instalación.

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