San José, 1 ago (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República vio con buenos ojos un proyecto de Ley tramitado en el Congreso que pretende esclarecer los requisitos para otorgar las compensaciones salariales de prohibición y dedicación exclusiva en la función pública.
La iniciativa, tramitada en el expediente 20.349, fue presentada por la diputada Sandra Piszk del Partido Liberación Nacional, luego de que investigaciones periodísticas de EL MUNDO determinaran que varios jerarcas del actual gobierno percibieron ilegalmente esas remuneraciones durante meses.
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La Comisión de Asuntos Sociales del Congreso -que estudia el proyecto- solicitó a la Contraloría un pronunciamiento sobre el mismo.
La respuesta, del pasado 27 de julio, contiene una serie de recomendaciones de cambios al texto por parte de la institución encargada de fiscalizar los recursos públicos, al tiempo que señaló puntos positivos de la propuesta.
Por ejemplo, la Contraloría resaltó que el proyecto pretende eliminar -de una vez por todas- las interpretaciones diversas que hay sobre los casos en que deben otorgarse ambos rubros, sin embargo, advirtió que deja por fuera a las municipalidades ya que se limita al sector público descentralizado institucional, pero no a la territorial.
Asimismo, la institución resaltó que el proyecto deje claro que tanto los regímenes de dedicación exclusiva y prohibición son excluyentes entre sí, de modo que no procede un pago simultáneo de ambos en favor de un mismo funcionario.
Otro punto positivo resaltado es que la iniciativa pretende establecer que los contratos de dedicación exclusiva no pueden ser inferiores a un año de duración, ni mayores a cinco años.
“Dado que en la práctica se dan casos de contratos de dedicación exclusiva indefinidos, se propone incorporar una norma que disponga que aquellos contratos en los cuales no se indicó un plazo vencerán una vez que entre en vigencia esta norma legal y que la suscripción de un nuevo contrato quedará sujeta en plazo, términos y condiciones a las regulaciones que en ella se definan”, dice el informe.
Además, el documento destaca la obligatoriedad de justificar por qué a un servidor público se le debe pagar alguna de las dos compensaciones: ya sea por su carácter estratégico dentro del engranaje institucional, la sensibilidad de las labores o responsabilidades asociadas al puesto, etc.
“Lo anterior, vendría a potenciar una aplicación bastante más mesurada de la figura, ya que en la práctica muchas veces la dedicación exclusiva opera de modo automático en favor de aquellos cargos públicos que no tiene prohibición, y no como resultado de una valoración consciente y suficientemente motivada de parte de las administraciones públicas”, agrega el pronunciamiento.
La Contraloría recomendó a los diputados modificar las condiciones necesarias para el otorgamiento de ambas compensaciones, de modo que por ejemplo, se diga que no es solamente requisito estar incorporado a un colegio profesional -si este existe y es obligatoria la colegiatura- sino además, estar habilitado (no suspendido) para ejercer la profesión.
El proyecto deberá seguir su trámite en la comisión, donde podrá ser subsanado antes de enviarse al Plenario, donde se someterá dos veces a discusión y votación, antes de convertirse en Ley de la República.
