San José, 25 ene (elmundo.cr) – Una serie de acciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y omisiones del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), según la Contraloría General de la República (CGR), encarecen el precio de la electricidad que se paga en el país.
Así lo apunta el informe de auditoría DFOE-AE-IF-15-2016 de diciembre del 2016 y que fue revelado por el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa mediante su portal web ayer martes.
En él se concluye que, entre otras cosas, el ICE ha estado sobrevalorando la demanda de electricidad de Costa Rica desde hace ocho años y que no analizó la conveniencia de incluir en la planificación siete proyectos de empresas distribuidoras públicas y cuatro de cooperativas de electrificación rural, por lo cual, no existe certeza de que las plantas con entrada en operación en el período 2010-2017 y su secuencia, sean óptimas para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
De acuerdo con la auditoría efectuada por al Contraloría, desde el año 2001 la empresa estatal ha venido estimando muy por encima de la demanda real de energía eléctrica el consumo futuro de electricidad del país.
Según los datos de la auditoría, mientras que en el periodo 2001-2008 la diferencia promedio entre lo estimado y lo real fue de 1,46%, en el periodo 2009-2015 pasó a ser del 13,84%.
“El ICE planificó la entrada en operación de un número mayor de plantas de generación eléctrica en comparación con el comportamiento real de la demanda. Es posible que la pérdida en la precisión de esas estimaciones esté influenciada por las variables económicas y demográficas utilizadas para pronosticar el consumo eléctrico que no se revisan desde el 2003, así como por cálculos basados en valores optimistas que no se encuentran suficientemente justificados”, concluyeron los seis auditores de la Contraloría para este caso.
Además, el informe señala al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) como responsable por inacción, al tolerar que el ICE para el periodo 2010-2017 incluyera en la planificación siete proyectos de empresas distribuidoras públicas y cuatro de cooperativas de electrificación rural, pese a que no se tiene certeza de que las plantas sean óptimas para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
“Este análisis (el que el ICE no hace pues el MINAE no se lo ordena) tendría que considerar características técnicas y económicas como por ejemplo: si utiliza agua, viento o la luz solar para generar y los costos de inversión, operación y mantenimiento; de modo que evite el riesgo de desplazar otros proyectos más beneficiosos”, dice el documento.
Para la Contraloría, el Ministerio de Ambiente y Energía es responsable de prevenir que el ICE incluya en sus planificaciones proyectos para la generación de energía eléctrica con costos de inversión y operación mayores a los necesarios, con la consecuente afectación de la tarifa eléctrica y de la competitividad del país.
Como consecuencia de la inacción del Ministerio, los proyectos incluidos por el ICE presentan costos estimados de energía en su mayoría superiores a los promedios fijados por la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA) el cual es de 7 centavos de dólar por kilowatt hora (c$/kWh) para las plantas hidroeléctricas.
La documentación de la Contraloría reveló que, en el caso de la planta Balsa Inferior de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL, subsidiaria del ICE), el costo promedio de su electricidad en centavos de dólar por kilowatt hora es de 35.9, es decir 5.12 veces por encima del promedio fijado por IRENA.
Otro ejemplo es la modernización de Río Macho, propiedad del ICE, y por la cual se pagan 11,7 centavos de dólar por kilowatt hora (1,67 veces más que el promedio de IRENA) y la planta Bijagua de Coopeguanacaste, cuyo costo es de de 11,6 c$/kWh (1,65 veces más que el promedio IRENA).
La Contraloría también encontró diferencias importantes en los costos de las plantas eólicas costarricenses, frente a los estándares nacionales.
Mientras que el promedio IRENA para este tipo de plantas es de 12 c$/kWh, el proyecto Valle Central de la CNFL tiene un costo de 18,4 c$/kWh y el proyecto eólico los Santos de Coopesantos cuesta 16,3 c$/kWh.
Finalmente, la Contraloría encontró que existen momentos en que hay exceso de capacidad no requerida para satisfacer la demanda nacional, de hasta 520 MW (70% más de la capacidad de la planta Reventazón de 305,5 MW) y momentos de escasez, cuando no se alcanzan niveles deseables de seguridad operativa, hasta por 130 MW.
Lo anterior se debe a que solamente existen 20 plantas que pueden generar electricidad de forma continua por más de 24 horas, mientras que 64 no tienen esa característica.
Para subsanar las deficiencias detectadas por la Contraloría, ese ente ordenó Rector del Subsector Energía establecer y aplicar las directrices para asegurar que los proyectos de generación eléctrica propuestos por el ICE, distribuidoras eléctricas y cooperativas de electrificación rural, se sometan a un análisis que garantice la cartera óptima de proyectos.
Por otro lado, el Presidente Ejecutivo del ICE, Carlos Obregón deberá analizar las variables para estimar el consumo eléctrico y ajustar lo correspondiente para reducir las diferencias entre la demanda estimada y real.
