San José, 26 may (elmundo.cr) – La Contralora General de la República, Marta Acosta, pidió a los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios que se tomen medidas para mitigar los riesgos que asegura se generaría con la aprobación del expediente 22.893, que busca la promoción y apertura de deuda interna costarricense.
Ante lo indicado, la jerarca sostiene que es recomendable y prudente el direccionamiento y monitoreo por parte de la Asamblea Legislativa en materia de financiamiento, a través de los distintos mecanismos y disposiciones, así como el no debilitamiento de los organismos vigentes que aseguran transparencia, rendición cuentas y seguridad jurídica al proceso.
Para Acosta, el proyecto de ley no presenta justificación suficiente para que se excluya de la Ley de Contratación Pública, las negociaciones y colocaciones de valores de deuda interna, y la contratación para su custodia local e internacional.
“No excluir la selección de los contratistas para servicios de colocación o distribución de deuda de la Ley 9986. De ser necesario que el país cuente con un procedimiento especial para adquirir esos servicios, se recomienda que se desarrolle y se incorpore en la Ley 9986. Esto para garantizar transparencia y seguridad jurídica”, manifestó Acosta.
Sobre los beneficios que se tendría con la aprobación de la iniciativa, la Contralora aceptó la disposición de mayores opciones de financiamiento, acercamiento de mejores prácticas tributarias al eliminar la doble imposición y la eventual reducción del costo del financiamiento.
Uno de los objetivos del proyecto, es ampliar la base de inversionistas de deuda pública, facilitando el accesos a mecanismos de negociación de la deuda local, extendiendo la cantidad de participantes y con ello la disponibilidad de fondos prestables para atender la necesidad de financiamiento del Estado, pretendiendo así que el Ministerio de Hacienda no dependiendo únicamente de la base inversora local.
