Últimas noticias

Edicto

Conare: El financiamiento de las universidades públicas debe abordarse desde la responsabilidad

» La Sala IV determinó que la moción aprobada en la Comisión de Hacendarios infringió el artículo 85 de la Constitución Política; de no corregirse el vicio, la rebaja quedará excluida del presupuesto.

San José, 21 nov (elmundo.cr) – El Consejo Nacional de Rectores (Conare) se pronunció tras la resolución N.° 45631-2026 de la Sala Constitucional, la cual declaró inconstitucional la moción N.° 16 que pretendía rebajar ₡8.048.128.252 de los fondos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

El alto tribunal determinó que dicha moción, aprobada en la Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios, incurrió en un “vicio sustancial del procedimiento legislativo” al infringir el artículo 85 de la Constitución Política.

La Sala dispuso que la Asamblea Legislativa deberá eliminar las disposiciones declaradas inconstitucionales. De no realizarse este ajuste, la moción se tendrá por excluida y el presupuesto deberá retornar a los términos anteriores a su aprobación en lo que respecta a los fondos postergados del FEES.

Ante este fallo, el Conare hizo un llamado a que, en el trámite del Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para 2026, se respeten las disposiciones constitucionales que regulan el financiamiento de la educación superior estatal.

“Para el Conare, lo resuelto pone de manifiesto la importancia de que las decisiones legislativas relacionadas con el financiamiento de la educación superior universitaria estatal se adopten con apego a las disposiciones constitucionales y a los procedimientos que regulan esta materia”, señaló la entidad mediante un comunicado.

Los recursos en disputa corresponden a ₡8.048 millones cuyo reintegro había sido acordado previamente entre el Poder Ejecutivo y las universidades estatales en el marco de la Comisión de Enlace. Según las autoridades universitarias, estos fondos están vinculados a compromisos de inversión esenciales para la planificación, el desarrollo de la investigación, la extensión y la acción social.

“El financiamiento de las universidades públicas debe abordarse desde la responsabilidad institucional y el respeto al marco constitucional que lo sustenta. Las decisiones presupuestarias en esta materia tienen implicaciones que trascienden a las instituciones universitarias y alcanzan al conjunto de la sociedad costarricense”, concluyó el Conare.

La resolución de la Sala IV se suma a un contexto de alta tensión presupuestaria, donde también se ordenó eliminar normas de ejecución que afectaban la autonomía del Poder Judicial.

Últimas noticias

Te puede interesar...