San José, 18 may (elmundo.cr) – Con dineros del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) el Consejo Nacional de Rectores (Conare) destinará 96 millones de colones al monitoreo y relaciones con la Asamblea Legislativa.
El presupuesto de Conare, según indica el sistema de compras públicas SICOP es de 24 millones anuales, pero el contrato es por 4 años, por lo que el monto asciende a 96 millones al final del periodo.
Conare, institución formada por los rectores de las universidades públicas (ITCR, UNA, UCR, UNED y UT) se encuentra en una disputa con el Poder Ejecutivo, que durante la negociación de los fondos para la educación superior, semanas atrás, anunció que no les daría un aumento hasta tanto no exista una redistribución de ellos. En la actualidad la mayor parte del FEES lo recibe la UCR, superior al 50%.
Esta contratación de consultoría parlamentaria se hace en medio de las protestas y toma pacífica de edificios por parte del movimiento estudiantil de la UCR, quienes reclaman más fondos para becas, servicios estudiantiles y la renuncia del rector de esa casa de enseñanza Carlos Araya Leandro, a quien le cuestionan su desempeño.
La semana anterior los rectores se reunieron con la bancada de Partido Liberación Nacional. Al menos el rector de la UCR no logró detener las críticas, pues el diputado del PLN, Salvador Badilla, comentó en sus redes sociales que creía en que el presupuesto de las universidades debe crecer, pero que debía acompañarse “de mayor equidad, fortaleciendo a las universidades que menos reciben”.
En el año 2024 Conare separó al director del Centro Nacional de Alta Tecnología y de la Oficina de Planificación de la Educación Superior OPES, de apellidos Sibaja Arias, por presunto enriquecimiento ilícito, causa que se tramita en la Fiscalía General de la República.
Pese a ese escándalo, luego de una fuerte oposición de Conare, los diputados anteriores terminaron archivando un proyecto de ley para habría obligado a los rectores a rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa.
Conare licita asesoría
Las universidades tienen personal destacado en la Asamblea Legislativa y cuentan con oficinas de prensa que monitorean las redes sociales y los medios, pero esa información no se comparte entre los integrantes de Conare, quien tiene su propia empresa contratada, Predicta SRL, como encargada de realizar monitoreo parlamentario.
El concurso, que hasta el fin de semana anterior no había sido otorgado a ninguna empresa, subraya que, los oferentes, deben tener experiencia a partir de año 2020 en consultorías con el sector universitario estatal “específicamente en el sector universitario estatal”.
Predicta SRL presta servicios de monitoreo y seguimiento parlamentario a Conare, según contrato que finalizó en año pasado. Los rectores extendieron la relación por 3 meses mientras hacía una nueva licitación. En marzo de este año Conare declaró desierta la primera licitación, en la que Predicta no participó. Pocas semanas después Conare vuelve a hacer una licitación, pero ahora sí participa la empresa asesora.
Según los registros de SICOP esa sociedad participó también en contrataciones con Conare en el 2001 por 18 millones y 9,4 millones.
En una consulta a la Contraloría General de la República del año 2006 -oficio N°06389 del 22 de mayo de 2006 DAGJ-0810-2026, el ente fiscalizador advirtió a Conare de la inconveniencia de prorrogar a la empresa asesora Predicta SRL en forma sucesiva los contratos por la vía del adendum, el cual había sido renovado en el 2005. Para ese momento la empresa en mención prestaba sus servicios a la entidad universitaria mediante prórrogas desde el año 1997 según detalla el ente fiscalizador.
En su escrito la Contraloría advierte que “la prórroga no debe establecerse sin fijar un máximo de tiempo razonable…evitando con ello que llegue a convertirse en una relación de carácter permanente entre el proveedor y la administración…toda vez que esto último además de resultar contrario a la legalidad, sería violatorio de principios fundamentales de la contratación administrativa, tales como la libre participación e igualdad de trato hacia los demás posibles oferentes de ese bien o servicio”.
