San José, 18 may (elmundo.cr) – El politólogo y exdocente de la Universidad de Costa Rica (UCR), M.Sc. Milton Madriz Cedeño, presentó este lunes una denuncia formal ante el Consejo Universitario contra el rector de la institución, Carlos Araya Leandro, por los hechos ocurridos durante la toma del Edificio Administrativo B, que se extendió por 21 días.
La gestión, interpuesta bajo la condición de ciudadano contribuyente y exfuncionario público, cuestiona la actuación de Araya durante la ocupación del inmueble por parte del autodenominado Movimiento Estudiantil Autónomo (MEA), entre el 22 de abril y el 15 de mayo de 2026.
Madriz sostiene que el rector omitió sus deberes al no interponer denuncias penales por los daños al patrimonio, no solicitar la intervención de la Fuerza Pública y, en su lugar, suscribir un acuerdo el pasado 13 de mayo que, a criterio del denunciante, contiene cláusulas “plausiblemente incompatibles con el principio de legalidad”.
“La autonomía universitaria no la habilita para sustraerse del principio de legalidad, de los deberes de custodia del patrimonio público, del control interno o de la rendición de cuentas”, señala el documento presentado ante el órgano superior universitario.
Peticiones concretas
El denunciante exige al Consejo Universitario la apertura inmediata de un procedimiento administrativo disciplinario contra Araya por faltas muy graves, tipificadas en el Reglamento del Régimen Disciplinario de las Autoridades Universitarias Superiores, específicamente por incumplimiento de normativa y arrogarse funciones que no le corresponden.
Asimismo, Madriz solicita:
- La declaratoria de nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acuerdo suscrito el 13 de mayo con el MEA.
- La instrucción a decanos y directores de escuela para abrir procedimientos disciplinarios contra los estudiantes involucrados en la toma.
- La cuantificación y reclamación de los daños causados al patrimonio universitario, incluyendo el lucro cesante por la paralización de funciones.
- El traslado de los antecedentes a la Contraloría Universitaria para una auditoría especial.
El documento advierte que la inacción del Consejo Universitario ante esta denuncia podría derivar en un “precedente gravísimo”, donde la ocupación violenta de inmuebles públicos se convierta en un método ordinario de presión política con amnistía garantizada.
Madriz Cedeño concluyó su gestión señalando que, de no obtener una respuesta motivada y temporánea, se reserva el derecho de elevar el caso ante la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.
