San José, 05 sep (elmundo.cr) – El Colegio de Profesionales en Orientación (CPO) manifestó su oposición al proyecto de ley contenido en el expediente legislativo N.° 25.747, al considerar que la iniciativa debilitaría los mecanismos actuales de regulación, fiscalización y responsabilidad ética del ejercicio profesional.
Luego de realizar un análisis técnico del expediente, el CPO señaló que el proyecto “afecta de manera sustantiva el sistema de regulación, fiscalización, responsabilidad ética y estándares científicos del ejercicio profesional y reduce las garantías actualmente existentes para la protección de las personas usuarias”.
La organización sostuvo que la discusión no debe limitarse al funcionamiento interno de los colegios profesionales, debido a que también involucra la responsabilidad del Estado de garantizar servicios profesionales adecuados.
“La regulación profesional constituye una garantía para las personas usuarias y no un privilegio de quienes ejercen una institución”, afirmó el Colegio.
CPO cuestiona cambios a la colegiatura
El expediente 25.747 propone establecer la colegiatura voluntaria como regla general, limitar las competencias de supervisión y disciplina de los colegios profesionales a las personas afiliadas y exceptuar a funcionarios públicos de la obligatoriedad de colegiatura.
Para el CPO, estos cambios generarían una separación entre la responsabilidad laboral y la responsabilidad profesional y ética.
“La responsabilidad laboral y la responsabilidad profesional y ética responden a finalidades distintas”, señaló la organización.
Según el Colegio, una institución empleadora puede investigar y sancionar incumplimientos relacionados con una relación laboral, pero esto no necesariamente determina si una conducta constituye una falta ética o profesional.
“Una no sustituye a la otra”, enfatizó el CPO.
La organización advirtió que limitar la fiscalización profesional a la disciplina laboral dejaría sin resolver quién controlaría técnicamente las actuaciones de quienes ejerzan sin estar incorporados al colegio profesional correspondiente.
Advierten sobre protección de usuarios
El Colegio recordó que la Orientación se desarrolla en distintos ámbitos, entre ellos el educativo, institucional, comunitario, laboral y social, y que sus profesionales atienden a personas de diferentes edades.
“Una actuación profesional inadecuada puede afectar directamente los derechos, decisiones, bienestar y desarrollo de las personas usuarias”, manifestó.
El CPO puso especial énfasis en los servicios dirigidos a niñas, niños y adolescentes, debido a que estos procesos pueden involucrar información personal y confidencial.
“Las personas menores de edad son sujetos de derechos y cualquier regulación que incida en los servicios profesionales que reciben debe preservar mecanismos efectivos para proteger su dignidad, privacidad, integridad, confidencialidad y derecho a recibir una atención profesional idónea”, indicó.
“Un registro no sustituye la fiscalización profesional”
Uno de los principales cuestionamientos del Colegio está relacionado con la creación de un Registro Nacional de Profesionales planteado en el proyecto.
Para el CPO, contar con un registro administrativo no garantiza por sí mismo una adecuada supervisión del ejercicio profesional.
“La existencia de un registro no equivale a un sistema de regulación ética y fiscalización profesional”, afirmó.
El Colegio planteó una serie de interrogantes sobre quién asumiría funciones que actualmente corresponden a los colegios profesionales, entre ellas recibir e investigar denuncias, determinar posibles malas prácticas y valorar técnicamente conductas que puedan constituir faltas profesionales.
También cuestionó quién actuaría frente al ejercicio ilegal o el intrusismo profesional y quién garantizaría que las personas mantengan las competencias técnicas y éticas necesarias durante su ejercicio profesional.
“Registrar a una persona profesional permite identificarla, pero no garantiza, por sí mismo, que su ejercicio sea idóneo, ético y técnicamente adecuado”, señaló el CPO.
Colegio advierte sobre debilitamiento de la fiscalización
La organización sostuvo que la aprobación del proyecto podría generar una fragmentación del sistema de control profesional, debido a que algunas personas quedarían sometidas a un régimen ético y disciplinario especializado mientras otras podrían ejercer sin estar sujetas al mismo mecanismo de fiscalización.
“El debilitamiento de la fiscalización afecta el interés público”, advirtió el Colegio.
El CPO también defendió la fiscalización como un mecanismo para combatir el ejercicio ilegal y el intrusismo profesional.
“La fiscalización protege a quien recibe el servicio y también protege al profesional que ejerce legítimamente y al ámbito propio de la profesión”, indicó.
CPO pide no aprobar el proyecto
Tras exponer sus objeciones, el Colegio de Profesionales en Orientación solicitó que el expediente N.° 25.747 no sea aprobado en los términos propuestos.
“El proyecto modifica de manera sustantiva el régimen de colegiatura y fiscalización profesional sin establecer mecanismos equivalentes que garanticen el control técnico, ético y disciplinario del ejercicio profesional de las personas no colegiadas”, sostuvo.
Para el CPO, la discusión de fondo no consiste únicamente en determinar si la pertenencia a un colegio debe ser obligatoria o voluntaria, sino en establecer cómo se garantizará la protección de las personas usuarias.
“El asunto de fondo es la responsabilidad del Estado de garantizar mecanismos efectivos que protejan a la ciudadanía frente a un ejercicio profesional inadecuado y que permita exigir responsabilidades cuando se vulneren los estándares técnicos y éticos de una profesión”, concluyó la organización.
El Colegio reiteró su oposición al proyecto y pidió que cualquier eventual reforma al modelo de regulación profesional garantice que la promoción de la libre competencia no implique una reducción de las garantías de protección para la ciudadanía.
