San José, 21 nov (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Defensoría de los Habitantes se opusieron al aumento de 18% en las tarifas eléctricas solicitado por el ICE para el 2018, principalmente porque los costarricenses y las empresas estarían pagando excesos en inversiones y gastos del ICE, que no están acordes a las condiciones económicas del país.
Ricardo Solera, vicepresidente de la CICR señaló que espera que la Aresep pueda equilibrar los intereses entre consumidores y operadores cuando resuelva el tema en los próximos 30 días, en especial porque en lugar de enfocarse en apoyar la competitividad del país, la atracción de inversión extranjera, la generación de empleo y reducción de la pobreza, el ICE sigue solicitando aumentos sin pensar en los costarricenses.
“Si la inflación este año apenas se acerca al 2% ¿cómo justificar aumentos de un 18%, cuando ya se realizaron aumentos en abril, en junio y en octubre del año 2017?. No podemos seguir alcahueteando excesos en el ICE. Por ejemplo, durante el 2016 la demanda máxima fue de 1673 Megas de Potencia, pero la oferta o capacidad instalada fue de 3362 megas. Es decir, el ICE ha construido sus plantas sin una planificación adecuada y eso ahora lo tenemos que pagar los costarricenses con tarifas tan altas”, explicó Solera.
La Cámara envió un documento con 20 peticiones, justificadas con argumentos técnicos y cifras bien fundamentadas en el que manifestó su preocupación por este aumento. Mientras que en Costa Rica las industrias pagan 17,5 centavos el kilovatio hora en Estados Unidos, el promedio es de 6,8 centavos y en Europa de 9,6 centavos de dólar el kilovatio-hora, se explica en el documento.
La CICR explicó que el artículo 3 de la Ley de Aresep establece que únicamente se pueden cobrar en tarifa los costos necesarios para prestar el servicio, construir el doble de infraestructura requerida, significa que los consumidores paguen el doble de la infraestructura requerida para brindar el servicio. Asimismo, la ley establece que no se aceptarán los gastos de operación desproporcionados en relación con los gastos normales de actividades equivalentes.
“Si una empresa de buses decidiera comprar el doble de buses de los que necesita para dar el servicio, no puede ir a Aresep a pedir tarifa para pagar esos buses, porque la ley de Aresep lo prohíbe. Pero parece que en el sector eléctrico, ICE o CNFL se exceden en infraestructura y van a Aresep a pedir aumentos de tarifa para pagarlo y eso está ocurriendo. En el caso de Reventazón eso se agravó porque cuando se presentó el proyecto se esperaba que costara cerca de 750 millones de dólares pero al terminarse se gastó más de 1500 millones de dólares”, justificó Solera.
El artículo 32 de la Ley de Aresep establece que no se aceptarán como costos en la tarifa las erogaciones innecesarias para la prestación del servicio, o los gastos desproporcionados.
Asimismo, la CICR solicitó a Aresep devolver en tarifas 7000 millones de colones que el ICE gastó de más por culpa de Recope, según la sentencia del Tribunal de Contencioso Administrativo que resolvió una disputa por un problema asociado a un incumplimiento en el suministro de combustible que obligó al ICE a gastar diésel en vez de búnker que es más barato.
El ICE solicitó para el 2018 un aumento de 34% en los gastos de operación y mantenimiento en el sistema de distribución, un 20% en gastos de gestión productiva y un 17% de aumento en el total de los gastos de ese sistema.
En el Sistema de generación, que es lo que cuesta producir la electricidad, solicitó aumentos de 28% en la depreciación y de 30% en la base tarifaria o inversiones, un 35% en gestión productiva y en promedio de todos sus gastos de este sistema de 16% de aumento sobre lo aprobado por Aresep en el año 2017. Para finalizar en transmisión está solicitando el ICE un aumento de 56% en los gastos de operación y mantenimiento. Todos esos porcentajes de aumento son desproporcionados si los comparamos con la inflación (3%), o el crecimiento de la economía (4%) o la demanda de electricidad (1,4%).
