San José, 7 nov (elmundo.cr) – La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) ve con enorme preocupación la declaración de legalidad de la huelga en Recope.
Según la CICR dicha declaración atenta contra la seguridad jurídica y la buena marcha del país, de su producción, de sus ciudadanos, de su bienestar.
Para los industriales considerar que Recope no brinda un servicio esencial es creer que no es esencial el combustible que ocupan las ambulancias para llevar a los pacientes a los hospitales, el gas que ocupan las familias, comercios y hoteles para cocinar y alimentarse, el gas y búnker que ocupan las empresas para seguir funcionando y generando empleos, el combustible que se usa en el transporte público para llevar gente a sus trabajos, estudios o citas médicas, el combustible que usan los agricultores para cosechar y el combustible que usan los camiones para llevar los productos de las fábricas a los comercios.
Enrique Egloff, presidente de la CICR señaló que el lamentable pronunciamiento del tribunal que emitió el fallo deja todo que desear y nos sumerge en una inseguridad jurídica peligrosísima para la inversión nacional y la atracción de inversión extranjera, lo que podría generar más desempleo y por con ello, más pobreza.
Desde la CICR apoyan firmemente al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada en las gestiones que ayer mismo anunció ante el lamentable fallo.
“También apoyamos la iniciativa de ley presentada por el diputado Carlos Ricardo Benavides que busca cerrar portillos a fallos como el de ayer en el futuro; es un proyecto de ley que los señores diputados deben apoyar con patriotismo, responsabilidad y decisión”, agrega.
“El fallo que conocimos ayer atenta contra el derecho que tenemos a trabajar, a movilizarnos, a alimentarnos y a curarnos”, concluyó Egloff.
