San José, 26 set (elmundo.cr) – La junta interventora de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR) y Casa Presidencial chocaron nuevamente por la amenaza de cerrar técnicamente el Depósito Libre Comercial de Golfito.
Carlos Murillo, director ejecutivo de JUDESUR dijo en un comunicado de prensa que el cierre técnico se sustenta jurídicamente y obedece a la falta de recursos que la nueva Ley que rige esa institución causa al rebajar el porcentaje de los impuestos que se cobran en el Depósito de Golfito.
Dicho impuesto baja de 18% a 14% durante el primer año de vigencia de la Ley, luego a 12% durante el segundo año de vigencia y finalmente, a un 10% en el tercer año de vigencia de la Ley.
“Al amparo de estos esquemas porcentuales impacta directamente el porcentaje destinado de un 15% para el gasto operativo, remuneraciones, servicios, materiales y suministros”, manifestó Murillo.
Sin embargo, la tarde de este lunes el Gobierno de Luis Guillermo Solís envió un comunicado de prensa en el que afirma que el Depósito de Golfito no cerrará.
“El Gobierno de la República rechaza, categóricamente, que el Depósito Libre Comercial de Golfito deba enfrentar un cierre técnico el próximo 30 de septiembre del 2016, tal y como ha sido comunicado por Carlos Murillo, Director Ejecutivo de JUDESUR”, dice el comunicado.
De acuerdo con Casa Presidencial, JUDESUR carece de competencia para ordenar el cierre del Depósito, el cual opera a partir de lo que dispone la Ley 9356 y no de un acuerdo de la Junta. “Cualquier acción en ese sentido sería ilegal”, dijo Presidencia.
Zapote negó que JUDESUR se hubiera quedado sin presupuesto para operar el Depósito, ya que afirma que el Presupuesto que rige durante este 2016 es el aprobado por la Contraloría General de la República.
“Es falso que se esté poniendo en riesgo la sostenibilidad económica de JUDESUR. La Ley 9356 adopta una serie de medidas precisamente para hacer más atractivo a las personas acudir al Depósito. Esto deberá repercutir en un aumento de las ventas, lo que compensará la disminución en los ingresos por concepto de la baja en el tributo”, manifestó Casa Presidencial.
El Gobierno defendió el tope del 15% para gastos administrativos establecidos en la nueva Ley, ya que afirma que con ello se pretende que los recursos que administra JUDESUR sean usados con eficiencia.
“Decretar el cierre del Depósito, aparte de ilegal, traería graves perjuicios a JUDESUR y a las comunidades que, directa o indirectamente, se benefician del Depósito, de los encadenamientos que este genera, así como de los programas sociales financiados con los recursos generados por el Depósito”, concluye el comunicado de Casa Presidencial.
Gerardo Vargas Rojas, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dijo en un comunicado que la amenaza de cierre al Depósito es un “chantaje” de la junta interventora de JUDESUR.
“Es una nueva falta de respeto hacia la Zona Sur, es un chantaje de los protegidos del Gobierno que han tenido secuestrada esa institución desde hace años y quieren eternizarse en sus puestos”, indicó Vargas Rojas.
Para Vargas Rojas el gobierno debe aplicar la nueva ley cuanto antes y evitar que sus representantes sigan enredándolo en sus mecates, por lo que exigió que el Poder Ejecutivo jurar de inmediato a la nueva Junta Directiva de acuerdo a lo previsto en la ley. “Ya es hora de que dejen de retrasar el proceso para beneficiar a sus protegidos”.
