San José, 27 ago (elmundo.cr) – A causa de un traslado de documentos para la investigación por aparentes delitos cometidos por el Poder Ejecutivo en la intervención de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (JUDESUR), el cual fue realizado por el diputado socialcristiano, Gerrado Vargas Rojas al Ministerio Público, Casa Presidencial reacciona e insiste en que dicha intervención cumple con los criterios legales establecidos.
Según el ministro de la presidencia, Sergio Alvaro, la intervención de esta institución fue avalada por dos fallos de la Sala Constitucional y un criterio de la Contraloría General de la República, y que la misma impactado positivamente en JUDESUR, al generar orden y uso eficiente de dineros públicos.
Desde Casa Presidencial asegura que dos fallos de la Sala Constitucional dado en el mes de octubre de 2014, los votos 2014-017145 y el 2014-017289, así como criterio 04694, de la Contraloría General de la República, de marzo 2015 avalan la legalidad.
Además insiste que la Junta Interventora Sustitutiva nombrada por el Poder Ejecutivo con el objetivo de garantizar el correcto aprovechamiento de dineros públicos e impulsar el desarrollo social, productivo y económico de la región; así como restablecer el buen funcionamiento de la institución y del Depósito Libre Comercial de Golfito, se constituyó de forma transparente y fue integrada por miembros que cumplían los requerimientos.
Los desafíos más importantes durante esta primera fase de la intervención fue identificar posibles anomalías. Entre las principales se señala la desatención a recomendaciones de la Contraloría General de la República y de la Auditoría Interna y Externa de JUDESUR, la ausencia de controles internos y graves debilidades en la gestión administrativa.
“El Gobierno de la República ha actuado en el marco de la legalidad y respeto del ordenamiento jurídico en este proceso que ha sido fundamental porque permite seguir trabajando en devolver a las comunidades de Golfito, Osa, Coto Brus, Corredores y Buenos Aires el legítimo derecho de que los dineros de JUDESUR se inviertan en salud, educación, infraestructura y fomento de proyectos productivos de la zona”, indicó el Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.
Según comunicó Casa Presidencial, el proceso de intervención se dio como parte de las potestades con las que cuenta el Poder Ejecutivo como Director de la Administración Pública, sustentado en los informes que durante 10 años emitió la Contraloría General de la República y la Auditoria Interna, los que señalaron de manera directa la existencia de anomalías y los manejos irregulares, y aclara que la intervención se dio con autorización del Consejo de Gobierno y los informes de la Junta Interventora han dado resultados positivos y acciones correctivas.
“Hay mucha gente que no quiere que nada cambie en JUDESUR, pero nuestro objetivo es garantizar programas y proyectos en cinco cantones que tienen una enorme vulnerabilidad y que requieren transparencia y manejo correcto de los dineros públicos”, indicó Manuel Herrera, coordinador del proceso interventor.
