San José, 25 oct (elmundo.cr) – Un 14 de octubre del 2019 entró a regir una ley que estableció la entrada en vigencia de la legislación que creó la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada en Costa Rica, sin embargo, por error su aplicación dejó sin efecto el artículo 2 de la Ley 8.754 Ley Contra la Delincuencia Organizada, que justamente establece los procedimientos especiales para combatir este tipo de estructuras delictivas en el país.
“En este mes se cumplen tres años ya desde que este problema se mantiene y no se ha corregido, lo que arriesga la tramitación de casos judiciales de delincuencia organizada en el país y a mantener en la impunidad la persecución de estos delitos”, manifestó la diputada del Partido Liberación Nacional, Carolina Delgado, quien se ha mostrado constantemente involucrada con el tema con el objetivo de la modificación de la Ley en cuestión.
Según Delgado, lo anterior ha dado pie a que, por ejemplo, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José o el Juzgado Penal de La Unión de Cartago hayan dictado resoluciones en el sentido de que la norma está derogada.
Asimismo, jueces penales han tenido que dar marcha atrás en la aplicación del procedimiento especial para estos casos, ante la posible comisión de delitos como prevaricato, abuso de autoridad o incumplimiento de deberes, al aplicar el artículo de una ley que está derogado.
Es por ello, que la legisladora verdiblanca, para solventar esta situación presentó el 29 de junio el proyecto de ley 23.208 Restituir la Declaratoria de Procedimiento Especial en la Lucha contra la Delincuencia Organizada: Modificación de la Ley 8754.
“El Estado de Derecho de la seguridad jurídica es lo que debe prevalecer en nuestro país y es lo que los y las diputadas tenemos la responsabilidad de enmendar. Ante la duda y la incertidumbre que se ha generado en el ámbito judicial, debemos dejar claramente expresada en la ley la intención de restituir el artículo 2, para que se apliquen los procedimientos especiales contra la delincuencia organizada”, explicó la diputada.
El artículo 2 derogado hace una declaratoria de procedimiento especial para los casos que se determinen como delincuencia organizada. Puntualmente, se señala que, al tipificarse de esta manera, todos los plazos ordinarios fijados en el Código Procesal Penal, para la duración de la investigación preparatoria, se duplicarán.
Se autorizaría de esta manera las acciones judiciales como la ampliación de medidas cautelares de prisión preventiva, la autorización de intervenciones telefónicas y el reconocimiento de documentos, en el desarrollo de la investigación de los casos.
A pesar de la urgencia, el proyecto continúa sin avanzar y se encuentra en análisis y recibiendo audiencias en la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico.
“Debemos blindar y proteger a Costa Rica de los tentáculos de la delincuencia organizada. Está en nuestras manos avanzar hacia este objetivo”, concluyó Delgado.
