San José, 26 mar (elmundo.cr) – Las personas privadas de libertad en Costa Rica ya no podrán usar dinero en efectivo dentro de los centros penitenciarios.
Esta medida, establecida en la circular DGAS 01-03-25 del Ministerio de Justicia y Paz, entró en vigor este miércoles y busca combatir la compraventa de drogas, extorsiones y negocios ilícitos.
“La medida busca evitar la compra-venta de drogas, las extorsiones entre la población carcelaria y los negocios ilícitos y se suma a los mecanismos de control carcelario que esta administración impone para mantener el orden y la seguridad”, indica el comunicado del Ministerio. Además, se busca promover una gestión financiera “legal y transparente” con un sistema de pagos trazable. Se están realizando gestiones con bancos estatales para que las personas privadas de libertad puedan acceder a cuentas bancarias.
La circular establece un plazo de cinco días hábiles para que los privados de libertad entreguen el dinero que portan a sus familiares o personas de confianza. Posteriormente, el efectivo será decomisado.
En el Centro Penitenciario Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma, se instaló un bodyscanner gracias a una donación de la Embajada Americana del 2016 por ₡113 millones. El dispositivo, en funcionamiento desde el 22 de marzo, ya ha detectado droga y teléfonos en cuatro privados de libertad.
El Gobierno también presentó el proyecto de Ley del Sistema Penitenciario Nacional, que busca fortalecer la seguridad y el manejo de la población carcelaria. La propuesta defiende que se tomen en cuenta los criterios del Instituto Nacional de Criminología (INC) al otorgar beneficios a privados de libertad, para evitar que personas peligrosas queden en libertad.
El proyecto es “inflexible” con los cambios de medidas para personas involucradas en crimen organizado, narcotráfico, homicidios, femicidios y delitos sexuales. Además, establece que la Dirección General de Adaptación Social sea la única entidad encargada de administrar las cárceles.
