Canciller costarricense expresa su preocupación por la violación de derechos humanos en Nicaragua

San José, 20 ago (elmundo.cr) – El canciller de la República, Arnoldo André, expresó su preocupación por la detención del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, este viernes, a manos de la Policía del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

“Nos preocupa la violación persistente a los derechos humanos en ese país, nos preocupan mucho los 180 presos políticos y sus familiares, la falta de libertad de prensa y otros aspectos que han sido resueltos por los organismos internacionales, cuyas resoluciones hemos apoyado enérgicamente, condenando las violaciones a derechos fundamentales”, aseveró André.

La Policía Nacional de Nicaragua irrumpió la madrugada del viernes a la curia arzobispal de Matagalpa, ubicada a unos 128 kilómetros al noreste de Managua, para sacar por la fuerza a monseñor Rolando Álvarez, uno de los obispos más críticos al presidente Daniel Ortega.

La Policía informó en un comunicado horas después que la medida fue tomada porque el religioso «persistía con las actividades desestabilizadoras y provocadoras».

De igual forma la institución explicó que Álvarez fue trasladado a Managua donde se encuentra bajo «resguardo domiciliar «, mientras que siete personas, de las ocho que acompañaban al religioso en la casa cural, se encuentran detenidas en la cárcel conocida como El Chipote.

Los sacerdotes detenidos son José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios; Ramiro Tijerino y Raúl González, además los seminaristas Darvin Leyva y Melkin Sequeira y el camarógrafo Sergio Cárdenas, según conteo realizado por el medio nicaragüense Confidencial.

El canciller sostuvo que el Gobierno costarricense ha sido firme en fustigar las violaciones de derechos en el país vecino y que, ejemplo de ello, fue el voto positivo de Costa Rica, el viernes pasado 12 de agosto, a la resolución emitida en una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA  con una “enérgica condena” sobre la situación en Nicaragua.

El ministro recordó que la resolución se refiere al “cierre forzado de organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones arbitrarias de organizaciones religiosas y violación de la libertad de expresión”.

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