San José, 19 oct (elmundo.cr) – La Cámara Costarricense de Pymes manifestó su apoyo contundente a la aprobación del proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), al considerar que la reforma es una herramienta indispensable para aliviar la carga financiera del sector productivo nacional.
Rafael Sáurez Barboza, presidente de la Cámara, enfatizó que para las pequeñas y medianas empresas, que representan cerca del 98% del tejido empresarial del país, la modernización del sistema eléctrico no es una opción, sino una necesidad urgente.
“Es totalmente clave para el sector productivo y para las pequeñas y medianas empresas por diferentes razones: temas de costos, energías renovables y garantizar el servicio eléctrico a futuro”, aseguró Sáurez.
Según datos de la Cámara, los costos eléctricos representan actualmente entre el 8% y el 20% del gasto operativo de las empresas. Ante este escenario, Sáurez señaló que la iniciativa permitiría al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) contar con una oferta más amplia de proveedores, lo que facilitaría mejores precios y paquetes diferenciados para las actividades económicas.
Rechazo a la politización
El presidente de la CCP criticó duramente a las fracciones legislativas que han condicionado el avance de este proyecto a otras agendas políticas. “Es inadmisible que fracciones políticas politicen este tema al punto de utilizarlo como una moneda de cambio por temas de educación o temas de costo de la vida”, sentenció el dirigente.
El llamado de la Cámara se suma a la presión de otros sectores productivos, como la Cámara de Industrias y la Cámara de Comercio, que en días recientes han solicitado a los diputados, especialmente a la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), avanzar con la votación del proyecto en segundo debate.
El proyecto 23.414, aprobado en primer debate en mayo de 2026, busca transformar la estructura del sistema eléctrico nacional, permitiendo una mayor competencia y la creación del Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (ECOSEN) para separar las funciones de operación técnica de las actividades comerciales.
Sáurez concluyó instando a los legisladores a dejar de lado las diferencias y priorizar el desarrollo: “Es evidente y clave que esto es un impulso a la productividad del país. Es importante dotar a las instituciones de leyes que se acoplen a nuestra realidad del siglo XXI en este 2026”.
