San José, 29 set (elmundo.cr)- Por tercer año consecutivo, Costa Rica experimenta una caída en el Índice de Competitividad Mundial, elaborado por el Foro Económico Mundial.
Según la última medición, el país pasó de ocupar el puesto 52 a posicionarse en el lugar 54, en un ranquin que compara a un total de 138 naciones.
Dicha caída, mantiene preocupada a la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP), pues consideran que afecta de una forma directa la generación de empleo en el país.
“Es preocupante y muy lamentable que por tercer año consecutivo tengamos que enfrentar esta situación. Hemos reiterado que esta pérdida de competitividad reduce significativamente la inversión extranjera y por ende combatir el desempleo generando nuevas fuentes de trabajo es cada vez más difícil”, aseguró Franco Pacheco, presidente de UCCAEP.
Para el sector, la problemática recae en la burocracia gubernamental, la inadecuada infraestructura con que se encuentra actualmente y el proceso de pago de impuestos.
Y es que en cuanto al tema de calidad de infraestructura el país pasó de ocupar la posición 103 a la 106. Mientras que en calidad de carreteras, ocupó el lugar 125, es decir, a solo 13 lugares del último puesto.
“Es urgente implementar y desarrollar una verdadera estrategia de simplificación de trámites y de mejora regulatoria, contar con un clima de negocios óptimo y confiable, producto de políticas públicas certeras”, afirmó Pacheco.
Ante ello, los empresarios proponen introducir reformas que mejoren la gestión en la administración de proyectos, así como adoptar mecanismos modernos para atraer al sector privado nacional y al extranjero, a participar en el desarrollo de obras de infraestructura.
“No es posible que tengamos ¢250 mil millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar grandes obras de infraestructura y no se estén ejecutando, tal y como lo denunció en su oportunidad la Contraloría General de la República”, añadió.
Por ello, Pacheco resaltó que se requiere de un plan estratégico de mejora regulatoria y simplificación de trámites, que permita al país retomar su rumbo competitivo.
