San José, 28 mar (elmundo.cr) – La Comisión Especial de Modernización y Reforma del Estado dictaminó afirmativamente, el expediente 24.105, de la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, titulado Cierre de Radiográfica Costarricense (RACSA).
Este proyecto establece el procedimiento y los medios legales para el cierre y liquidación de Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa S.A.), en la totalidad de sus actividades de comercialización, instalación de servicios y cualesquiera otra.
Este proceso estaría a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cuyo plan de liquidación deberá ser ordenado y libre del pago de todos los derechos y tasas.
Desde el 2023 Racsa ha estado envuelta en muchas polémicas que han hecho cuestionar su idoneidad y valía para la gestión de proyectos cruciales para el país.
Desde la compra de escáneres antidroga para el Puerto de Moín, tobilleras electrónicas para el Ministerio de Justicia y Paz. Además de inconsistencias en las plataformas de gestión de importación de vehículos, trámite de licencias de conducir o para la compra de insumos agropecuarios del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI). Todos, casos que experimentaron sobreprecios, atrasos, problemas en su operación o dudas sobre su adjudicación.
El caso más reciente es el plan para implementar la tecnología de quinta generación (5G) en el país que presenta un sobreprecio de un 404% de más que la opción más barata de la licitación.
Asimismo, desde el 2021 Racsa reporta cuantiosas pérdidas para el erario. Ese año las pérdidas que reportaba la empresa eran de 447 millones de colones por causa de la suspensión o no renovación de contratos con instituciones públicas como el Ministerio de Hacienda y COSEVI. Además, anteriormente entre el año 2010 y 2016, en un periodo de 6 años, Racsa reportó pérdidas por 56.500 millones de colones, esto a causa de una caída en el ingreso por la venta de servicios.
Recientemente medios de comunicación dieron a conocer que Racsa cerró el 2023 con una pérdida de ¢265 millones, según los estados financieros entregados por la compañía a la Contraloría General de la República (CGR) en el Informe de Liquidación Presupuestaria 2023 del 14 de febrero del 2024.
Para la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, proponente del proyecto, “no puede ser que Costa Rica siga manteniendo instituciones que realizan las mismas funciones que el ICE puede atender. Hay mucha opacidad sobre cómo las autoridades manejan la información financiera de esta institución y tampoco son claros sobre el valor agregado que Racsa da al país”.
“Es una excelente noticia que esta discusión avance al Plenario Legislativo. Ya es hora de que los diputados reafirmemos nuestro compromiso con un Estado más eficiente para los costarricenses”, agregó la legisladora.
El dictamen de la Comisión contó con la votación afirmativa de los diputados del Partido Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana y Liberal Progresista.
