San José, 20 sep (elmundo.cr) – La Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE) solicitan la renuncia de la ministra del Micitt, Paula Bogantes, por firmar un decreto sin sustento técnico para la licitación de las frecuencias de 5G en el país.
Se trata del decreto ejecutivo N.° 44196-MSP-MICITT que estableció el Reglamento Sobre Medidas de Ciberseguridad Aplicables a los Servicios de Telecomunicaciones Basados en la Tecnología de Quinta Generación Móvil (5G) y Superiores, que se publicó en el diario oficial La Gaceta el jueves 31 de agosto.
ASDEICE señaló que “este reglamento que, se supone que se establece para velar por la ciberseguridad en torno al desarrollo de la tecnología 50 en el país estableció que Costa Rica no podrá comprar infraestructura de telecomunicaciones a los países que no hayan firmado el convenio de Budapest, con lo que se dejaría por fuera del desarrollo de 5G en nuestro país a empresas de países como Brasil, Corea del Sur, China, Singapur o Suecia, que son líderes en el desarrollo de esta tecnología”.
¿Qué es el convenio de Budapest?
Es un convenio elaborado por el Consejo de Europa y firmado en noviembre del año 2001, por las naciones que lo suscribieron, que busca enfrentar los delitos informáticos, el cibercrimen.
“Es decir, no tiene absolutamente nada que ver con ciberseguridad y mucho menos con el desarrollo de la tecnología 5G, que en el 2001, evidentemente ni siquiera existía”, explica el sindicato del ICE.
¿Qué pretende entonces el Gobierno con el establecimiento de un reglamento de ciberseguridad que impone que los países que no hayan firmado el convenio de Budapest no puedan desarrollar infraestructura de 5G en nuestro país?
Según ASDEICE “lo que podemos inferir es que se trata de una presión del Gobierno de los Estados Unidos de América para que la tecnología 5G se desarrolle con equipos de empresas de ese país, cerrando las puertas a cualquier otro oferente de los países líderes en el desarrollo de esta tecnología, pues no existe criterio técnico alguno para tomar una decisión de esta índole, por más que se trate de utilizar el tema de ciberseguridad como excusa. Es evidente que el tema es geopolítico mucho más que técnico”.
“Parece contradictoria la actuación de los norteamericanos, quienes siempre han pregonado su discurso respecto a las bondades de la libre competencia y el libre mercado que supuestamente trae tantos y tantos beneficios a los pueblos, recordamos bastante ese discurso cuando estaba en la palestra el tema de la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos”, agregan.
El sindicato del ICE insiste en que “para nadie es un secreto que los Estados Unidos y China se encuentran en una guerra económica y comercial desde hace varios años, confrontación que, entre otras industrias, ha abarcado también el mercado de las telecomunicaciones. Meterse en la dinámica de esa disputa podría alejarnos de que se tomen las mejores decisiones para el país”.
“Creemos que el decreto N.o 44196-MSP-MICITT pone en peligro el desarrollo de la tecnología 5G, al menos en los tiempos más idóneos y al mejor costo pues no se podrá contar con la mayor cantidad de oferentes para la compra de equipos y se dejarán por fuera a empresas de países pioneros en la implementación de esta tecnología, lo que podría terminar afectando los precios para los usuarios finales”, aseguran.
ASDEICE explicó que pensando en que las redes 5G se pudieran desplegar en nuestro país lo más rápido posible y con el mejor costo para los usuarios es que desde el Frente Interno de Trabajadores del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT – ICE) propusieron desde el año anterior la creación de una red neutra, operada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en donde cada operador con una VPN pudiera brindar sus servicios al público. Con este modelo de red neutra se lograban economías de escala, mayor recuperación de inversión y favorecimiento al cliente final en materia de precios.
“En este momento, se está involucrando al país en la novela geopolítica que mantienen China y los Estados Unidos, lo que tiene implicaciones técnicas para el ICE y el país, porque la red 5G que el país busca desarrollar podría ser “SA” o “NSA”, lo que también va a tener implicaciones en el precio, retorno sobre la inversión y precio a los clientes finales”, sostienen.
ASDEICE considera que “gracias a una salida poco estudiada del Ejecutivo, que revela la falta de rigurosidad en la cabeza del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), el ICE no va a poder brindar el desarrollo de tecnología 5G según lo que prometió la administración, pues con este decreto se va a tener que dar un replanteamiento que va a provocar un retraso en los tiempos que se habían prometido para el despliegue de las primeras redes”.
“En ASDEICE creemos que la ministra del Micitt, la señora Paula Bogantes Zamora, debe renunciar a su puesto, como responsable de haber firmado un decreto sin ningún fundamento técnico vinculante que podría retrasar el despliegue y desarrollo de las redes 5G en el país y probablemente encareciendo su precio final para todos los usuarios”, concluyen.