San José, 15 ago (elmundo.cr) – La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) informó que reprogramará la reunión pautada para este martes 16 de agosto con un grupo de taxistas, en la que se hablaría de posibles formas de bloquear la aplicación Uber en Costa Rica.
En un comunicado de prensa, el ente regulador afirmó que esta reprogramación obedece “a los procesos judiciales que están en trámite y que imposibilitan dar un criterio definitivo”.
Dichos procesos judiciales se llevan a cabo tanto en el Tribunal Contencioso Administrativo como en la Sala Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda en el Contencioso Administrativo se presentó contra el Estado, por no declarar la ilegalidad de Uber y al no haber bloqueado la aplicación con la que opera. El Gobierno ha insistido en que criterios de la Sala Constitucional le hacen imposible bloquear aplicaciones de Internet, pues esto caería en censura a la web.
Mientras tanto, en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se estudia una acción de inconstitucionalidad, presentada contra el Código de Comercio y la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi, al afirmar que las normas contradicen el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica.
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Mediante un comunicado de prensa, el Regulador General, Roberto Jiménez dijo que “la ARESEP no puede tomar ninguna decisión definitiva que solvente las dudas expresadas por los representantes de los taxis”.
Inclusive, Jiménez lamentó que los taxistas, representados por la Unión de Taxistas Costarricenses, elevaran al Tribunal Contencioso Administrativo el proceso, por lo que tendrán que esperar la respuesta de las instancias legales.
ARESEP adelantó ya que en la actualidad, no cuenta con los mecanismos legales ni técnicos para bloquear la aplicación de Uber, sin embargo anunció que está a la espera de que se realice un análisis jurídico, que permita determinar de una vez por todas, si ellos o bien otra institución tiene competencias para hacerlo.
El regulador general solicitó a la Procuraduría General de la República, analizar si mediante el artículo 44 de la Ley 7593, la ARESEP puede bloquear páginas en Internet, sistemas de pago electrónico o aplicaciones tecnológicas.
Dicho artículo dice textualmente:
ARTÍCULO 44.- Cierre de empresas y remoción de equipo
La Autoridad Reguladora procederá a ordenar, mediante resolución administrativa, el cierre inmediato de las empresas que utilicen sin autorización los servicios públicos o que sean proveedoras de un servicio público sin contar con la respectiva concesión o permiso. Igualmente, removerá cualquier equipo o instrumento que permita el uso abusivo e ilegal de los servicios regulados. Para ello, podrá contar con la ayuda de la fuerza pública. Las sanciones se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad que pueda imputarse al prestatario del servicio público.
“La Procuraduría rendiría una interpretación legal sobre este tema, que será valorada por la ARESEP, quien considera que bloquear una aplicación o una página de Internet es violatorio a derechos fundamentales y que para hacerlo requiere de una orden judicial”, dice el comunicado de prensa del ente regulador.
ARESEP ha declarado, desde un inicio, que las operaciones de Uber en Costa Rica son ilegales por no contar con permiso o concesión otorgada por el Consejo de Transporte Público (CTP).
Actualmente, las personas que prestan servicio de transporte remunerado de personas de forma ilegal son multadas, sin embargo el proceso en la Sala Constitucional tiene suspendidas el cobro, más no la aplicación, de las sanciones estipuladas en la Ley de Tránsito y la Ley de ARESEP.
“ARESEP expresará la urgencia de cambios en su Ley para fomentar la fiscalización en campo, principalmente en transporte público, de manera que se faculte a sus funcionarios a imponer multas de forma inmediata, y no esperar a realizar el trámite administrativo que tarda varios años”, agrega el comunicado.
Según el pronunciamiento, el ente regulador “facilitará un borrador de proyecto de Ley al Poder Ejecutivo, para ser presentado a la Asamblea Legislativa en las próximas semanas”.
