San José, 13 jul (elmundo.cr) – La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó aumentos de 42,56% y 9,46% en las tarifas de generación y distribución -respectivamente-, de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL).
De acuerdo con un comunicado de prensa del ente regulador, los aumentos son inferiores a los pedidos por la subsidiaria del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), de 175% y 126% para generadores y de 26,33% y 13,75% para usuarios.
La CNFL había pedido el aumento más grande (175%) para que entrara a regir a partir del 1 de julio de este año, mientras que el segundo (126%) lo pidió a partir del 1 de enero del 2018. Sin embargo, el ente regulador rechazó reconocer a la Compañía más de 200 millones de dólares de los proyectos Hidroeléctrico Balsa Inferior y Eólico Valle Central, lo que llevó el aumento a ser inferior al solicitado.
Así lo anterior, el aumento aprobado de 42,56% para las empresas generadoras que le compran a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz entraría a regir a partir del 1 de octubre próximo y hasta por un periodo de 15 meses. En el caso de las tarifas de los usuarios, estas aumentarán 9,46% a partir del 1 de octubre del 2017 y hasta por 15 meses, menor a los aumentos de 26,33% y 13,75% pedidos por la compañía.
La Aresep justificó el rechazo al reconocer esos gastos de la CNFL en ambos proyectos, alegando que los estudios de prefactibilidad y factibilidad que dieron origen a las inversiones en ambos proyectos se basaron en diseños preliminares y que se omitieron exámenes tales como un análisis de viabilidad económica integral, que incorpora la sensibilización de las variables críticas, como es el caso del costo alternativo de comprarle la energía al ICE en lugar de generar propia.
Asimismo, el ente regulador afirmó que no recargó en las tarifas los costos de la convención colectiva de la CNFL, pues actualmente la Sala Constitucional estudia una acción interpuesta por el Consejero del Usuario de la Aresep, en contra de esa convención.
Aresep recordó que la Ley le faculta a rechazar el reconocimiento de gastos e inversiones excesivas o desproporcionadas, con el fin de proteger los intereses de los usuarios de los servicios públicos.
