San José, 5 dic (elmundo.cr) – El Tribunal Arbitral del caso Infinito Gold vs. Costa Rica anunció que pospondrá la decisión sobre si tiene o no jurisdicción para conocer el caso por la fallida mina Crucitas, en Cutris de San Carlos, para analizar por el fondo los alegados de la empresa y del Estado costarricense.
Así lo dio a conocer este martes el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) mediante un comunicado de prensa, luego de que el Gobierno fuera notificado del laudo de jurisdicción, dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).
El caso se remonta años atrás, cuando la empresa canadiense Infinito Gold interpuso una demanda contra Costa Rica para exigir indemnizaciones al perder la concesión para construir y operar una mina de oro a cielo abierto en la zona fronteriza con Nicaragua, alegando inversiones realizadas y “ganancias dejadas de percibir”.
La concesión minera fue anulada por el Tribunal Contencioso Administrativo, que encontró graves irregularidades, omisiones e ilegalidades en el proceso de otorgamiento de los permisos a la empresa, sumado a que Costa Rica se declaró país libre de minería metálica a cielo abierto.
Aunque en primer lugar el Tribunal Arbitral debía anunciar si tenía o no la jurisdicción para conocer el caso, Comex informó que la notificación señala que ahora el Tribunal pospondrá esa decisión, hasta analizar los argumentos de fondo, en virtud de la complejidad que reviste el caso.
“La decisión implica que el Tribunal establecerá un nuevo calendario procesal, en el cual se definirán las fechas para presentar escritos y una audiencia oral que se concedería a las partes. El proceso concluiría con una decisión del Tribunal abordando tanto los alegatos de jurisdicción como los de fondo”, explicó Comex.
El Ministro de Comercio Exterior, Alexander Mora, manifestó que “este es un caso de alto interés nacional” y que el Gobierno “continuará, tal y como lo ha hecho hasta ahora, dedicando todos aquellos esfuerzos que se requieran, para ejercer la adecuada defensa del país en lo que resta del proceso”.
La defensa de Costa Rica por este caso está a cargo de un equipo nacional compuesto por el Ministerio de Ambiente y Energía, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de Comercio Exterior, como Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional de Solución de Controversias en materia de Comercio e Inversión.
Dicho equipo coordina la estrategia de defensa con la firma legal internacional Arnold & Porter Kaye Scholer LLP, la cual continuará trabajando como hasta ahora en la siguiente etapa del proceso.
