San José, 6 jun (elmundo.cr)- Esta tarde, el Plenario Legislativo aprobó en primer debate el proyecto de ley denominado “Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno transnacional y otros delitos” para combatir el soborno a nivel de empresas.
La aprobación en primer debate del expediente 21.248 es un requisito para seguir consolidando el proceso de ingreso a la OCDE de Costa Rica.
Este proyecto es producto del esfuerzo conjunto de varias instituciones del Estado, incluyendo a la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense sobre Drogas y el Ministerio de Justicia y Paz.
La ministra de Justicia y Paz, Marcia González, agradeció a la Asamblea el apoyo a esta iniciativa. “Con este proyecto de ley damos un mensaje muy claro del compromiso inclaudicable en la lucha contra la corrupción y avanzamos un paso más en el proceso de incorporación a la OCDE, con lo cual reafirmamos la clara voluntad de la Administración Alvarado Quesada en combatir de manera decidida estas malas prácticas”.
En términos generales, la aprobación del proyecto permitirá perseguir y responsabilizar a las empresas que cometan actos de soborno contrarios a la administración pública, nacional o extranjera, e implementar mecanismos de prevención en las compañías.
El proyecto de ley para responsabilizar a las empresas por actos de corrupción no solo es un compromiso con la OCDE, sino de la Convención Anticohecho, que es ley de Costa Rica, y sobre todo con nuestra gente, enfatizó la ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez.
La iniciativa forma parte de los requisitos para el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de los compromisos internacionales asumidos al adherirse, en 2017, a la Convención para Combatir el Soborno de Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
