
San José, 15 jun (elmundo.cr) – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) señaló que el acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como «stand-by» que pretende firmar el gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas».
ANEP afirmó que la pandemia del COVID-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.
«Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior», aseveró ANEP.
Asimismo, aseguró que «igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de ‘venta de activos’, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura».
Para la ANEP es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.
Por otra parte, advirtió que no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos «stand-by».
Además, indicó que se debe formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.
Según ANEP solo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el «stand by», a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos $2.250 millones que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas, y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.
Finalmente, comentó que el gobierno ante el deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un diálogo real, sin exclusiones.
Para ANEP el gobierno debe tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.