San José, 02 sep (elmundo.cr) – El sindicato cuestiona un ajuste de ₡23.721 millones aplicado por Hacienda y advierte que las medidas podrían afectar la independencia judicial y la capacidad para combatir el crimen.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), por medio de su secretario general, Albino Vargas Barrantes, presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Hacienda, el presidente Rodrigo Chaves Robles y la Asamblea Legislativa, por los recortes, congelamientos y condicionamientos planteados o aplicados sobre el presupuesto del Poder Judicial.
La acción constitucional sostiene que las medidas cuestionadas podrían constituir una intervención sobre los recursos de un Poder de la República constitucionalmente independiente y afectar su capacidad para garantizar a la ciudadanía una justicia pronta y cumplida.
Para 2026, la Asamblea Legislativa aprobó al Poder Judicial un presupuesto de ₡541 mil millones. Sin embargo, según expone ANEP en el recurso, el Ministerio de Hacienda comunicó mediante el oficio MH-DM-OF-0901-2026, del 18 de agosto, un denominado “ajuste técnico complementario” por ₡23.721 millones sobre recursos que ya habían sido aprobados y se encontraban en ejecución.
De acuerdo con el documento presentado ante la Sala, Hacienda analizó 544 líneas presupuestarias y determinó reducciones en 362, correspondientes a 85 subpartidas.
OIJ concentra el mayor recorte
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sería la dependencia más afectada por el ajuste señalado en el recurso, con una reducción aproximada de ₡9.536 millones, equivalente al 40,2% del monto establecido por Hacienda.
Albino Vargas Barrantes, secretario general de ANEP, presentó el recurso de amparo. Foto: Esteban Ortiz Forero.
La acción también señala afectaciones en áreas como Dirección y Administración, Servicio Jurisdiccional, Defensa Pública, Ministerio Público, Atención y Protección de Víctimas y Testigos, así como el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
A esto se sumaría, según ANEP, el bloqueo de ₡8.688 millones que habían sido aprobados por la Asamblea Legislativa para fortalecer al OIJ y al Ministerio Público en la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y la violencia homicida.
La organización calcula que, al considerar las diferentes medidas cuestionadas, la afectación al presupuesto judicial durante 2026 rondaría los ₡35.330 millones.
ANEP advierte impacto en seguridad y acceso a la justicia
Para la organización sindical, el debate no se limita a una diferencia sobre la administración de recursos públicos.
ANEP sostiene que una reducción presupuestaria en áreas como investigación criminal, Ministerio Público, Defensa Pública y atención a víctimas podría afectar la capacidad del Estado para investigar delitos, perseguir al crimen organizado y brindar atención a las personas afectadas por hechos delictivos.
El recurso invoca el artículo 41 de la Constitución Política, que garantiza el derecho a una justicia pronta y cumplida, y plantea que los recortes podrían comprometer materialmente el cumplimiento de esa garantía.
Sindicato cuestiona posible afectación a independencia judicial
Otro de los principales argumentos de ANEP es que el Ministerio de Hacienda estaría condicionando la disponibilidad de recursos del Poder Judicial mediante auditorías, informes y otros requisitos.
Según la organización, someter recursos previamente aprobados por la Asamblea Legislativa a nuevas autorizaciones o condiciones podría generar una dependencia financiera del Poder Judicial respecto de otros Poderes de la República.
El recurso también invoca los principios constitucionales de separación e independencia de los Poderes del Estado y sostiene que el Poder Judicial está sometido a la Constitución y a la ley.
ANEP cuestiona además que se hayan aplicado modificaciones sobre un presupuesto que, según plantea, ya había sido aprobado por la Asamblea Legislativa y se encontraba en ejecución.
Preocupación por presupuesto de 2027
La acción constitucional también expresa preocupación por las previsiones para el presupuesto del Poder Judicial correspondiente a 2027.
Según el recurso, el proyecto contempla una reducción de la asignación presupuestaria, que pasaría de aproximadamente ₡541 mil millones a ₡530 mil millones, además de la posibilidad de congelar otros ₡30 mil millones mediante normas de ejecución presupuestaria.
ANEP sostiene que, de concretarse esas medidas, los recursos disponibles para el Poder Judicial podrían reducirse significativamente y quedar sujetos a condiciones posteriores.
¿Qué pide ANEP a la Sala Constitucional?
Entre las principales solicitudes planteadas en el recurso se encuentran:
- Declarar con lugar el recurso de amparo.
- Dejar sin efecto el oficio MH-DM-OF-0901-2026 y las actuaciones mediante las cuales se hayan aplicado rebajas, congelamientos o condicionamientos al presupuesto judicial.
- Ordenar la liberación de los recursos correspondientes al ejercicio económico 2026.
- Poner a disposición del Poder Judicial los ₡23.721 millones afectados por el ajuste señalado.
- Girar los ₡8.688 millones destinados al fortalecimiento del OIJ y el Ministerio Público.
- Evitar nuevos recortes o condicionamientos que, según ANEP, no respeten los procedimientos constitucionales.
- Evitar el congelamiento de los ₡30 mil millones planteado para 2027.
- Suspender cautelarmente los efectos del oficio de Hacienda mientras se resuelve el fondo del recurso.
La presentación del recurso no significa que la Sala Constitucional haya determinado que las actuaciones de Hacienda sean inconstitucionales. Corresponderá al tribunal analizar los argumentos planteados y resolver conforme al procedimiento correspondiente.
Para ANEP, la discusión trasciende las cifras presupuestarias y se relaciona directamente con la independencia del Poder Judicial y su capacidad para responder ante la criminalidad.
La organización sindical sostiene que defender los recursos judiciales implica también defender “la seguridad ciudadana, el combate contra el crimen organizado y el derecho” de la población a una justicia pronta y cumplida.
