San José, 08 oct (elmundo.cr) – Ante la permanencia del Proyecto de Ley N.° 24.786 en el orden del día de la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, la Asociación Jubilados en Acción del Magisterio Nacional (AJA) enfatiza que la propuesta trasciende el debate del gasto presupuestario y, de aprobarse, detonaría un retroceso directo en la estabilidad social de los jubilados, así como en la calidad del sistema de enseñanza costarricense.
La iniciativa plantea fijar el techo máximo de las jubilaciones del Magisterio Nacional bajo el mismo umbral del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Para AJA, esta medida pasa por alto que el personal docente ha sostenido aportes mensuales considerablemente más altos durante su trayectoria laboral y mantiene deducciones obligatorias tras su retiro, a diferencia de los cotizantes del régimen de la Caja Costarricense de Seguro Social.
El impacto del proyecto se extiende a los dos pilares del sistema: por un lado, vulnera los derechos adquiridos de los jubilados del Régimen Transitorio de Reparto (RTR), quienes aportaron cotizaciones superiores durante décadas; y por otro, compromete la sostenibilidad y liquidez del Régimen de Capitalización Colectiva, el fondo financiado por los docentes activos, generando incertidumbre tanto en las aulas como en los hogares del magisterio.
En el ámbito educativo, recortar las expectativas de jubilación genera una marcada desmotivación en los docentes que hoy laboran en las aulas. Esta pérdida de incentivos promueve la salida anticipada del personal con mayor experiencia, desincentiva la atracción de nuevos talentos al sector público y termina perjudicando la formación que reciben miles de estudiantes en escuelas, colegios y universidades de todo el país, mermando la calidad de la educación.
A nivel de los hogares actualmente pensionados, cercenar el ingreso de las pensiones mella la cobertura de gastos familiares esenciales como atención médica, medicamentos, transporte y servicios de cuido que requieren las personas adultas mayores. Asimismo, la abrupta baja en la capacidad económica, dado que afecta 40.000 familias puede contraer la dinámica comercial, sumando una presión negativa a la economía.
“Imponer un límite uniforme a regímenes con cargas financieras distintas es desproporcionado. Los trabajadores del Magisterio realizamos sacrificios salariales más altos durante décadas para asegurar nuestro retiro, por lo que castigar esos ingresos no solo altera la economía familiar en la vejez, sino que también resta atractivo al trabajo docente en un momento crítico para el país”, indicó Miguel Sobrado, presidente de AJA.
Sobrado remarcó que debilitar las garantías del retiro profesional repercutirá en la cohesión social y en la confianza que la ciudadanía deposita en los sistemas de pensiones.
“Detrás de cada jubilación del Magisterio hay una vida dedicada al desarrollo educativo del país. Alterar intempestivamente las reglas del retiro rompe la seguridad jurídica de nuestro sistema y envía un mensaje desalentador a quienes hoy están formando a las futuras generaciones, comprometiendo la vocación de la enseñanza y el recambio generacional en las aulas”, concluyó Sobrado.
La Asociación Jubilados en Acción reitera la urgencia de sostener discusiones legislativas basadas en la objetividad técnica y la justicia social, resguardando el bienestar de la población adulta mayor y la calidad de la educación pública costarricense.
