Alajuela, 12 nov (elmundo.cr) – Este jueves la Alianza Campesina del Norte denunció el desalojo ilegal de familias en el Asentamiento La Cruz.
Explicaron que este jueves 12 de noviembre se hicieron presentes “9 patrullas de la Fuerza Pública, con una gran cuadrilla de peones, para desalojar el asentamiento campesino La Cruz, ubicado en la comunidad de Montealegre en Los Chiles de Alajuela, para destruir los cultivos y viviendas de las 53 familias que ocupan este terreno”.
Aseguraron que la Fuerza Pública está ejecutando un desalojo por fuera de la ley, ya que la situación de esas familias fue tutelada por la Sala Constitucional cuando “por medio de la resolución de las veintitrés horas cinco minutos del nueve de noviembre de dos mil veinte, se indicó que “La suspensión dispuesta por el artículo 41 citado, implica ordenar al Delegado Policial de Los Chiles, no ejecutar desalo alguno contra los amparados, hasta tanto la Sala no resuelva en sentencia el recurso, o no disponga otra cosa. Se advierte a los recurridos que la desobediencia a órdenes dadas por la jurisdicción constitucional (…)”.
Este desalojo se da semanas después de las denuncias de agresión con arma de fuego a un grupo de personas por parte de seguridad privada y en el marco de la existencia de “un proceso con el Inder para establecer un proyecto socioproductivo en la finca, ya que esos terrenos al ser propiedad de un banco del Estado, deben ser ofrecidos al Inder antes que a cualquier otro particular según el artículo 44 de la Ley 9036. De ese proceso tiene pleno conocimiento el Banco Nacional por múltiples notas enviadas por parte del comité campesino”.
Desde la alianza indicaron no entender “qué intereses están detrás de este desalojo que se está ejecutando por fuera de la ley, y no entendemos con qué fin están dejando a 53 familias en la calle, y destruyendo cultivos de los que dependemos y que estaban a punto de ser cosechados en plena pandemia y en la crisis de desempleo más grave que ha atravesado este país en su historia”.
Asimismo, exigen de inmediato “al Ministerio de Seguridad y al Gobierno de Carlos Alvarado una investigación de estos actos fuera de la ley, que siente responsabilidades y sanciones para quienes ordenaron este desalojo”.
“De la misma forma exigimos el pago de reparaciones a las 53 familias por la pérdida de sus cultivos, de sus casas, y por la violencia recibida a través de ese desalojo”, concluyeron en su comunicado.
