San José, 28 ago (elmundo.cr) – El Observatorio del Mercado y los Derechos del Consumidor (OMERCON) ha manifestado su profunda preocupación por el aumento exponencial de fraudes digitales financieros que afectan a miles de usuarios del sistema financiero nacional.
En una serie de comunicaciones dirigidas a la Comisión Nacional de Supervisión de Entidades Financieras (CONASSIF) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), el organismo sin fines de lucro denuncia la inacción y la falta de medidas efectivas para proteger a la ciudadanía frente a esta problemática que ya alcanza dimensiones de pandemia.
En una carta fechada el 20 de agosto de 2025, y en un oficio anterior del 28 de marzo de 2025 (OM 029-2025), OMERCON expresa que “la proliferación de fraudes digitales que afectan gravemente a la población usuaria del sistema financiero costarricense”. La organización destaca que “hemos documentado una escalada sostenida de estafas asociadas a cuentas bancarias, tarjetas de crédito y débito, así como suplantaciones de identidad que derivan en el robo directo de los ahorros de la ciudadanía”.
El organismo denuncia además que “la pasividad o respuesta tibia frente a este flagelo no es aceptada por OMERCON, que utilizará todos los medios jurídicos, mediáticos y ciudadanos para denunciar y corregir esta desprotección sistémica”. La queja se centra en la responsabilidad de CONASSIF y SUTEL, que, según señala la organización, deben coordinar acciones y adoptar medidas concretas para enfrentar estos delitos, pero “el marco jurídico nacional es claro”, y las entidades encargadas “siguen operando con una lógica reactiva y pasiva”.
En el documento, se insiste que “la responsabilidad civil objetiva, conforme al artículo 35 de la Ley N° 7472, así como la jurisprudencia reiterada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia (Voto N° 655-2007, entre otros), establece que: ‘Quien introduce en la economía una actividad riesgosa debe asumir las consecuencias del daño, sin necesidad de que se configure culpa’”. Por ello, las entidades financieras que “manejan fondos del público y se benefician de ello, están obligadas a resarcir al consumidor afectado”.
Por su parte, en la comunicación con SUTEL, OMERCON solicita una respuesta oficial, escrita y concreta, en el corto plazo, advirtiendo que “el oficio de OMERCON al CONASSIF del 28 de marzo de 2025, con el consecutivo OM 029-2025, después de casi 5 meses con estas denuncias aún sigue sin respuesta”. La organización exige que “se dé trámite con toda celeridad y se cumpla con los plazos de ley”.
En cuanto a la labor de SUTEL, se referencia su papel en la coordinación con CONASSIF y la necesidad de que “las redes de delincuentes operan también desde el ámbito digital”, por lo que se pide integrar a las empresas que brindan servicios de comunicación digital en esta lucha. La organización subraya que “no es posible que una organización delincuencial compre miles de números telefónicos sin que se genere ninguna alerta” y que “no es posible que los usuarios de telefonía celular reciban un mensaje”.
Además, OMERCON demandas acciones inmediatas como “medidas de supervisión y regulación efectiva”, “protocolos obligatorios de respuesta ante fraudes digitales”, y “prohibiciones expresas de trasladar costos del fraude a las víctimas”, entre otras. La organización advierte que “la confianza en el sistema financiero es un bien público y su deterioro tiene consecuencias económicas y sociales enormes para la sociedad entera”.
En conclusión, mientras casos de fraude digital se multiplican, las instituciones regulatorias parecen permanecer en silencio. OMERCON reafirma que “la pasividad o evasión no son opciones viables para la salud del sistema financiero ni para la protección de la población”.
