San José, 17 ago (elmundo.cr) – El pago de intereses de la deuda pública continúa absorbiendo una parte significativa de los recursos del Estado costarricense. Según datos oficiales del Ministerio de Hacienda, durante el primer semestre de 2025 el Gobierno destinó ₡1,16 billones únicamente a cubrir este rubro.
Esto equivale a un promedio de ₡267 millones por hora o ₡6.409 millones por día, cifras que revelan la magnitud del compromiso financiero del país con sus acreedores.
El dirigente sindical Albino Vargas, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), reaccionó a los datos publicados y calificó la situación como “un aberrante crimen social que no será tema de campaña electoral”, según escribió en la red social X.
Un problema estructural
El elevado pago de intereses está directamente ligado al déficit fiscal, que desde hace más de una década es señalado como el principal desafío macroeconómico de Costa Rica.
El déficit se origina cuando el Gobierno gasta más de lo que recauda. Para cubrir esa diferencia, debe recurrir al endeudamiento, lo que a su vez aumenta la carga de intereses. En 2023 y 2024, aunque se implementaron medidas de contención del gasto y una leve mejora en la recaudación tributaria, la deuda pública se mantuvo por encima del 60 % del PIB.
Consecuencias para el país
Expertos advierten que destinar más de un billón de colones en seis meses a intereses limita la inversión en áreas sensibles como infraestructura, salud y educación. Además, reduce el margen de maniobra del Estado para atender necesidades sociales y responder a choques externos.
El déficit fiscal también incide en la confianza de los inversionistas y en la calificación de riesgo soberano del país, lo que encarece aún más el financiamiento.
¿Tema electoral ausente?
A pesar de su impacto directo en la vida cotidiana de los costarricenses, el déficit fiscal no aparece como un punto central en el debate electoral. Observadores políticos señalan que el costo político de plantear soluciones —como una reforma tributaria integral o ajustes más profundos al gasto público— explica en parte esta omisión.
Mientras tanto, los datos del Ministerio de Hacienda refuerzan la percepción de que el déficit fiscal sigue siendo, como recordó Vargas, el problema nacional número uno.
