San José, 10 jun (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) alzó la voz en defensa de la independencia judicial costarricense durante la Asamblea Anual de la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y la reunión del Grupo Iberoamericano de la Unión Internacional de Magistrados (UIM), donde denunció un “grave proceso de debilitamiento institucional” en el país.
En estos encuentros, celebrados como espacios estratégicos para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en América Latina, ACOJUD expuso la creciente preocupación por los ataques sistemáticos contra el Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, retrocesos legislativos en materia de garantías judiciales y el avance del crimen organizado.
“La situación de Costa Rica fue incluida en la declaración general de la Asamblea, que expresó su preocupación por el deterioro institucional y reafirmó el compromiso regional con la independencia judicial y el Estado de Derecho”, informó la organización.
La delegación costarricense estuvo conformada por las juezas Yerma Campos, Flor Sidey Salazar, Shirley González, Odilie Robles y la presidenta de ACOJUD, Adriana Orocú, quien también participó en calidad de expresidenta de la FLAM.
Además de su participación en la Asamblea, Orocú ofreció una charla magistral sobre ética judicial en la Universidad de Los Andes (UNIANDES), en Ecuador, dirigida a estudiantes y profesores de derecho. En su ponencia, destacó que “la ética judicial es un fundamento esencial para garantizar una judicatura independiente, transparente y comprometida con los derechos humanos”.
Orocú también abordó los retos cotidianos que enfrentan los jueces y juezas ante presiones externas, así como la importancia de formar profesionales del derecho con sólidos principios éticos y de establecer mecanismos efectivos de rendición de cuentas dentro del sistema judicial.
ACOJUD agradeció el apoyo brindado por la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMIJ) y la FLAM, subrayando la importancia de estos espacios como “diálogo y solidaridad entre las judicaturas de América Latina”.
La organización reiteró su compromiso con la defensa del Estado de Derecho en Costa Rica y alertó sobre los riesgos de normalizar los ataques al Poder Judicial, recordando que “la independencia judicial es pilar esencial de toda democracia sólida y funcional”.
