San José, 26 jun (elmundo.cr) – La Asociación Costarricense de la Judicatura (ACOJUD) manifestó su profunda preocupación ante el anuncio de un recorte cercano a los ₡27.000 millones al presupuesto del Poder Judicial para el ejercicio económico 2026, advirtiendo que la medida afectaría directamente la prestación de servicios esenciales a la ciudadanía.
A través de un pronunciamiento de su Junta Directiva Nacional, la organización gremial alertó que la reducción de recursos impactará áreas críticas como la investigación de delitos, la atención a víctimas, el funcionamiento de la Defensa Pública y la celeridad en la resolución de procesos judiciales en todo el país.
“No se trata de una discusión administrativa aislada ni de un ajuste presupuestario sin consecuencias. Se trata de una decisión que amenaza directamente la capacidad del Estado costarricense para garantizar el acceso efectivo a la justicia”, señaló la asociación en el documento.
Según ACOJUD, una disminución en el financiamiento institucional se traducirá inevitablemente en mayores atrasos procesales, limitaciones en la capacidad investigativa y una menor presencia del sistema judicial en las comunidades más alejadas del territorio nacional.
La presidenta de la organización, Adriana Orocú, enfatizó que las repercusiones de este ajuste trascienden el ámbito interno del Poder Judicial. “Los recortes no afectan a las juezas y a los jueces; afectan a las personas que esperan justicia. Defender una justicia independiente y suficientemente financiada es defender el derecho de cada ciudadano a recibir una respuesta oportuna, imparcial y efectiva cuando más la necesita”, afirmó Orocú.
Además, la Asociación expresó su inquietud ante el clima de confrontación que, a su juicio, se ha generado recientemente en torno al Poder Judicial. En este sentido, recordaron que la independencia judicial es una garantía fundamental para la democracia y no un privilegio de quienes ejercen la función jurisdiccional.
Ante este panorama, ACOJUD hizo un llamado urgente a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa para que, en la toma de decisiones presupuestarias, prioricen la protección de los derechos fundamentales y la capacidad operativa del sistema de justicia.
