San José, 26 jun (elmundo.cr) – Anoche, el Ministerio de Educación Pública (MEP) emitió un comunicado en el que anunció la decisión de no restaurar el Programa de Afectividad y Sexualidad Integral, a pesar de la recomendación técnica de la Defensoría de los Habitantes.
Según ACCEDER, el comunicado incluyó información incorrecta al afirmar que no existe vulneración de derechos humanos y que la Sala Constitucional ya se ha pronunciado sobre el tema. Sin embargo, ambas aseveraciones han sido desmentidas por fuentes jurídicas y organizaciones de la sociedad civil.
El recurso de amparo sigue en trámite
Jota Vargas, abogada que representa a una familia que interpuso un recurso de amparo contra la eliminación del programa, aclaró la situación legal:
“Hemos revisado el expediente Número 25-006416-0007-CO, recurso de amparo que se tramita ante la Sala Constitucional por la eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral y, a la fecha, el mismo se encuentra en trámite. Es decir, la Sala Constitucional no ha resuelto aún el recurso de amparo, por lo que no es cierto lo que alega el Ministerio de Educación Pública en el comunicado de prensa del 24 de junio indicando que ya la Sala Constitucional se pronunció al respecto. Llamamos a la paciencia y al respeto a la división de poderes y la independencia judicial y a no manipular a la ciudadanía en general con falsedades”.
Eliminación sin justificación técnica ni jurídica
Por su parte, Janekeith Durán, de la Estrategia Jurídica e Incidencia Política de la Asociación Ciudadana ACCEDER, enfatizó que la eliminación del programa representa una violación de derechos humanos fundamentales para la niñez y adolescencia:
“La eliminación del Programa de Afectividad y Sexualidad Integral violenta una serie de derechos humanos de la niñez y adolescencia, siendo la Educación Sexual Integral incluso un derecho humano en sí mismo. Es falso también que la eliminación del Programa se haya dado con justificación técnica. Las actas del Consejo Superior de Educación revelan que la decisión se tomó sin tomar en cuenta ningún criterio técnico ni jurídico y, ni siquiera, hubo discusión de fondo al respecto. Además, múltiples departamentos del propio ministerio se opusieron técnicamente a esa decisión violatoria de derechos humanos. No atender las recomendaciones técnicas de la Defensoría de los Habitantes es pretender que los derechos humanos de la niñez y adolescencia no importan”.
Preocupación por la transparencia y el respeto a los Derechos Humanos
Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado su preocupación por la falta de transparencia y el aparente desprecio por criterios técnicos y jurídicos en la toma de decisiones que afectan directamente a la niñez y adolescencia del país.
Organizaciones como ACCEDER insisten en la importancia de que el MEP respete los procesos legales y las recomendaciones de entidades especializadas en derechos humanos, para garantizar una educación integral y respetuosa de la dignidad de todas las personas.
La ciudadanía y las familias afectadas esperan que la Sala Constitucional resuelva el recurso de amparo y que el Ministerio de Educación Pública rectifique la información brindada, en aras de la verdad y el respeto a los derechos fundamentales.
