San José, 13 oct (elmundo.cr) – El abogado Randall Sequeira Hernández presentó un recurso de amparo con solicitud de medida cautelar ante la Sala Constitucional, tras la decisión de la Corte Plena de rechazar su gestión para activar el concurso público obligatorio para la elección del fiscal o fiscala general de la República.
La impugnación se dirige contra el acuerdo adoptado por la Corte Plena en su sesión del pasado 5 de octubre de 2026, mediante el cual se desestimó la solicitud del recurrente (oficio RSH-0127-2026) para que se procediera con el proceso de selección conforme a lo estipulado en la Ley N.° 10401.
Sequeira sostiene que la reforma al artículo 23 de la Ley Orgánica del Ministerio Público es categórica al establecer que “el nombramiento deberá realizarse a través de un concurso”. Según el recurrente, la omisión de este procedimiento “priva a la ciudadanía y a los profesionales del derecho de un proceso de selección regido por el derecho y la objetividad”.
El documento presentado ante el Tribunal Constitucional enfatiza que la controversia no busca una intromisión en las competencias de la Corte para elegir al jerarca, sino el restablecimiento del orden constitucional.
“La negativa a activar el procedimiento concursal impide la existencia de un escenario de participación pública, abierta, transparente, objetiva e igualitaria”, señala el recurso.
El recurrente argumenta que la actuación de la Corte Plena lesiona derechos fundamentales como el acceso a la función pública en condiciones de igualdad, el principio de legalidad y el deber de motivación de los actos de autoridad.
Asimismo, subraya que la Corte, al actuar en temas de nombramientos, se comporta como una “autoridad administrativa sujeta al derecho público”, por lo que sus decisiones son susceptibles de ser revisadas mediante la vía del amparo.
Como medida cautelar, Sequeira solicita a la Sala Constitucional la “suspensión inmediata de cualquier actuación institucional, acuerdo o trámite tendente a consumar el nombramiento del fiscal o fiscala general de la República” hasta que el Tribunal emita un pronunciamiento definitivo sobre el fondo.
El abogado recalca que el concurso público no es una “simple formalidad burocrática”, sino un instrumento diseñado para “erradicar el subjetivismo, prevenir el amiguismo o el clientelismo institucional” y garantizar que la idoneidad sea el único criterio para ocupar el cargo encargado de la persecución penal en el país.
