El reclamo ciudadano de ley y orden no es pasaporte al autoritarismo
El reciente informe del Latinobarómetro 2026, reseñado también por elmundo.cr, confirma que Costa Rica lidera la región en el apego a los valores democráticos. Un tajante 89% sostiene que no hay democracia sin urnas y un 63% prefiere este sistema sobre cualquier otro. Sin embargo, ese mismo reporte revela una aparente paradoja: el 89% de los costarricenses coincide en que “…un poco de mano dura del gobierno no viene mal…”.
Ciertamente, un análisis apresurado podría conducir a conclusiones erróneas sobre una supuesta deriva autoritaria. No obstante, la lectura reposada evidencia que esta opinión ciudadana no busca la ruptura con las reglas del juego democrático; en su lugar, conjuga un profundo cambio cultural con la urgencia ante la crisis de criminalidad y su impacto en la seguridad del país.
En el vecindario regional, el concepto y uso de “mano dura” despierta alarmas debido al posible debilitamiento de los contrapesos democráticos en algunos países. Desde luego, esto no implica que tales moldes políticos puedan extrapolarse automáticamente a la realidad nacional, vis-á-vis nuestra vigorosa institucionalidad. El “tico” no pide un autócrata; solo está demandando el cumplimiento del contrato social básico: seguridad en su sentido más amplio.
Costa Rica no vive un repentino enamoramiento de mesianismos militaristas; aquí ni siquiera hay ejército. Lo que el pueblo sí reclama es la activación y el fortalecimiento de los mecanismos jurídicos e institucionales para su legítima defensa: combatir eficazmente el feroz embate del crimen organizado en todas sus manifestaciones, y frenar una ya descarada impunidad que nos está robando la paz social.
En el fondo, se advierte una demanda colectiva de urgencia penal que, sabiamente, disocia los innegociables valores democráticos -propios de la identidad nacional- de la necesaria reforma punitiva. Esta última no aspira a la arbitrariedad, sino a asegurar una justicia de mejor calidad, caracterizada por una mayor prontitud tanto en su resolución final como en su ejecución.
El reclamo de “mano dura” es un grito ciudadano de auxilio para que el Estado ejerza plenamente, y con efectividad, el monopolio legítimo de la fuerza con la severidad que este momento excepcional demanda. Lejos de ser una peligrosa y antidemocrática tentación, lo que se exige son cuentas claras sobre el escaso accionar legislativo y judicial en la aprobación e implementación de mejoras en la normativa penal; unas que verdaderamente estén a la altura de la criminalidad organizada y de aquel clamor mayoritario por contenerla.
Las ramificaciones de la delincuencia organizada y la sensación de impunidad han colmado la paciencia pública, traduciéndose en una inequívoca voluntad de cambio y de soluciones legítimas. Ahora, esta reacción popular ante una inseguridad que es real no conlleva transicionar hacia una autocracia; el reclamo del soberano no busca ignorar la resiliencia democrática del equilibrio de poderes, violar el orden constitucional ni desafiar el histórico civilismo costarricense.
Lo que el pueblo anhela es que el Estado castigue la criminalidad con una fuerza ejemplarizante y disuasiva, siempre dentro de márgenes legales y hasta el límite permitido. Al final del día, el informe del Latinobarómetro destaca que en Costa Rica, a diferencia de otras latitudes, la legalidad y la institucionalidad siguen firmes como los pilares saludables de ese sistema de convivencia que llamamos democracia.
La incontenible discrecionalidad mezclada con un excesivo garantismo ha producido un mortero incapaz de revestir y nivelar una estructura jurídico-penal sólida frente al crimen. Se requieren progresos legislativos y judiciales bien dosificados para asegurar una pronta sanción y garantizar el cumplimiento eficaz de la pena, a favor de una comunidad cuyo tejido social resulta constantemente dañado.
La demanda popular de orden y disciplina en materia de seguridad y justicia no es vocación ni régimen de fuerza; es una rotunda llamada de atención a la clase política y a los actores institucionales para que recuerden que la democracia, en su vertiente funcional y como criterio de calidad, tiene que entregar seguridad efectiva y justicia oportuna frente a la brutal inmediatez de la violencia criminal.
No es una opción que el miedo generalizado comience a desgastar lo que hoy parece inquebrantable: el Estado de Derecho. Por eso, la creación y puesta en marcha del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) se alinea con el mandato ciudadano de una “mano dura”, según lo registró el propio Latinobarómetro.
EL CACCO expresa ese legítimo monopolio de la fuerza estatal para contener la escalada de violencia y proteger las instituciones democráticas que tanto aprecia nuestra sociedad. Esto, de acuerdo con el 89% de los costarricenses, nada tiene que ver con una deriva autoritaria; se trata de una narrativa que solo ha servido para frenar urgentes reformas punitivas, unir oposiciones sospechosas y hasta justificar moralmente cuestionadas reelecciones en la cúpula judicial.
