San José, 17 feb (elmundo.cr) – 70 municipalidades discriminan a alguna comunidad a la hora de recolectar semanalmente los desechos sólidos, reveló hoy la Contraloría General de la República (CGR) mediante un informe de auditoría.
Solo los cantones Alajuela, Belén, Curridabat, Desamparados, Escazú, Montes de Oca, Moravia, San Isidro, San José, San Rafael y Tibás cubren el 100% de las comunidades con sus recolectores de basura.
El resto de municipios tiene porcentajes que van desde el 98% (Santa Ana) hasta el peor, Upala, con solo 19% de cobertura.
La auditoría de la Contraloría halló que entre más cerca se esté del Gran Área Metropolitana, mayor es la cobertura de comunidades para la recolección de desechos. La cobertura en los 31 cantones que conforman el GAM es de en promedio 94%.
Un total de 23 municipios cubren menos de la mitad de sus territorios, forzando a los residentes a quemar o enterrar los desechos en perjuicio del medio ambiente.
Los hallazgos del ente contralor confirman que la Ley para la Gestión Integral de Residuos N.° 8839 se quedó simplemente en el papel, ya que esta establece la obligatoriedad que tienen los municipios de cubrir la totalidad de sus territorios para recolectar los desechos, además de darles un tratamiento de modo que lo que es reciclable se separe de lo que en efecto es basura.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos en el año 2011, indicó que existían más de 190.000 viviendas de un total de 1.211.964, que en los 81 cantones del país utilizaban alguna forma inadecuada para deshacerse de sus residuos.
El siguiente cuadro, realizado por la Contraloría muestra que mientras mejor es la cobertura de recolección de residuos, menor es el uso de técnicas inadecuadas para deshacerse de los mismos, y viceversa.
RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS, TAMBIÉN SE QUEDÓ EN EL PAPEL DE LA LEY.
De acuerdo con los hallazgos de la Contraloría, solo 39 municipalidades brindan la recolección selectiva de residuos. Esta consiste en recolectar por aparte, basura y productos que se pueden reciclar, proceso que corresponde a cada una de las casas, comercios e instituciones públicas.
Otro problema es que este tipo de recolección tampoco se hace a todas las comunidades de esos municipios, ya que de esos 39 cantones con recolección diversificada, 33 cubren solo el 38% de las viviendas.
De los 42 municipios que no tienen recolección diversificada, solamente 13 ponen a disposición de sus residentes algún punto determinado para que viertan allí los productos reciclables, sin embargo en palabras de la Contraloría, este mecanismo tiene la limitación de que no llega a todos los habitantes del cantón, su frecuencia es ocasional en comparación con la recolección de residuos mezclados y no se llevan registros sobre la cobertura en viviendas o población atendida.
CONTRALORÍA PIDE ORDEN.
El ente contralor emitió una serie de disposiciones a los 81 alcaldes y alcaldesas del país, producto de los hallazgos hechos en la auditoría. Entre las órdenes se encuentra realizar un análisis de la gestión del servicio de recolección de residuos ordinarios, con el fin de que cada municipio establezca las acciones de mejora que necesita para corregir las debilidades.
Las acciones que vayan a tomar los municipios deberán estar basadas en objetivos, metas cuantificables, indicadores para las metas, plazos estimados y cualquier otro indicador relativo a recursos humanos y financieros necesarios para cumplir con las disposiciones de la Contraloría.
Tal informe deberá estar rendido a más tardar el 31 de agosto del 2016.
