San José, 5 jun (elmundo.cr) – Un 53,2% de los costarricenses está en contra de la revisión de la norma técnica del aborto terapéutico.
Esto según los datos de la última encuesta de OPol Consultores, donde un 46,8% está a favor de revisar dicha norma.
Este estudio, de la empresa OPol Consultores, fue realizado del 1 al 3 de junio, a nivel nacional y con una muestra total de 1800 entrevistas, para un margen de error del +/-2,3% y un nivel de confianza del 95%. De manera proporcional en todos las provincias del país, en entrevistas cara a cara.
El 19 de mayo pasado, la ministra de Salud, Joselyn Chacón, anunció que este mes comenzarán una revisión de la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo.
Las declaraciones de la ministra fueron brindadas tras una reunión del Gobierno con la Conferencia Episcopal.
Por su parte, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, aseguró que apoyarán cualquier modificación a la norma técnica del aborto terapéutico mientras «implique la consolidación de los derechos humanos de las mujeres y no retrocesos de derechos ya alcanzados».
El jueves 10 de diciembre del 2019, la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aprobó de forma unánime la norma técnica que vendrá a regular el aborto terapéutico en el país.
De igual forma el entonces presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, había dejado por fin en firme la norma técnica que regula la implementación del aborto terapéutico en el país.
La firma se hizo el jueves, 12 de diciembre, luego que la Caja del Seguro Social no presentara objeción a la norma. De esta manera se le puso fin a la espera que desde principio de año sostienen los sectores, tras la promesa gubernamental de dejarla en firme antes de que finalizase el 2019.
Por su parte casi un año después el 03 de diciembre del 2020, el Ministerio de Salud informó a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) la aprobación del “Protocolo de atención clínica para el procedimiento médico vinculado con el artículo 121 del Código Penal: interrupción terapéutica del embarazo”.
El protocolo, conforme con lo estipulado en el Decreto Ejecutivo, estandariza la actuación en la red de servicios de salud de los diferentes profesionales (medicina gineco-obstétrica, perinatología, enfermería obstétrica y grupos de apoyo, entre otros) involucrados en la valoración de las mujeres en las que se considere que su vida o su salud estén en peligro, y que soliciten la interrupción terapéutica de su embarazo, por ellas mismas o por el médico tratante, de acuerdo con lo establecido en la norma técnica.
La solicitud activa la organización de un grupo de tres profesionales para estudiar el caso en particular y determinar si la interrupción terapéutica del embarazo es la única alternativa médica posible para resguardar la vida o la salud de la mujer.
El grupo de profesionales está compuesto por dos especialistas gineco-obstetras más otro especialista en relación con la enfermedad presentada en la mujer solicitante. Si fuera necesario el grupo puede hacer alguna interconsulta con otros especialistas.
La Conferencia Episcopal ha sido una férrea opositora a la aprobación de esta normativa.
