Llevo semanas esperando que alguna de esas feministas que se sintieron atacadas cuando cuestioné su radicalismo dijera algo serio sobre Afganistán. Tan solo algo. Una frase. Un comunicado. Un grito. Una publicación con la misma rabia que usan cuando una mujer occidental no adopta su discurso. Pero como siempre, el silencio aparece justo donde más incómodo resulta hablar. Y la verdad es que ese silencio me parece gravísimo, porque mientras muchas se dedican a pelear guerras simbólicas en sociedades donde pueden estudiar, trabajar, votar, insultar al gobierno y marchar sin pedirle permiso a un hombre, en Afganistán hay niñas que pueden ser convertidas en esposas no por quererlo, sino por no poder decir que no.
Porque eso es lo más brutal del régimen talibán. No estamos hablando simplemente de atraso cultural, ni de una sociedad conservadora, ni de una tradición familiar estricta. Estamos hablando de un sistema donde la ley puede tratar el silencio de una niña que llegó a la pubertad como consentimiento matrimonial. Estamos hablando de una niña sentada frente a adultos que ya decidieron su destino, con miedo de hablar, sin verdadera capacidad de negarse, mientras su silencio es convertido en aceptación. Estamos hablando de un régimen donde la obediencia al Emir, la moral pública y la sumisión femenina pesan más que la integridad física de una esposa. Estamos hablando de un Estado que no solo tolera el abuso, sino que lo administra, lo ordena, lo vigila y lo reviste de amor a Alá para volverlo intocable.
El Afganistán que surgió tras la intervención de Estados Unidos en 2001, luego del derrocamiento del primer régimen talibán y la formación de un gobierno aliado de Occidente, no fue ningún paraíso para las mujeres. Sería absurdo decirlo. Existían matrimonios forzados, violencia doméstica, impunidad, tutela masculina, persecución por supuestos delitos morales y una aplicación muy irregular de las leyes. Pero ese marco, con todas sus fallas, todavía conservaba algo fundamental. Tenía una Constitución que reconocía igualdad ante la ley, dignidad humana, educación, trabajo y derechos básicos. Tenía una Ley para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que identificaba como violencia la violación, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, la privación de herencia, el bloqueo del acceso a educación, salud y empleo. Tenía, al menos formalmente, vías de denuncia, fiscalías especializadas y una gramática jurídica de protección.
El Talibán no llegó a corregir las fallas de ese sistema. En realidad llegó a demoler lo poco que existía. La Ley para la Propagación de la Virtud y la Prevención del Vicio, promulgada en 2024, llegó cargada de imposiciones. Ahora el rostro femenino debe cubrirse. La voz femenina es tratada como algo que debe ocultarse. La movilidad de una mujer queda condicionada a la presencia de un mahram. Los conductores pueden ser castigados por transportar mujeres sin acompañante masculino. La separación entre hombres y mujeres se convirtió en obsesión estatal. Los agentes de la policía moral talibán adquirieron poder para vigilar, intimidar y sancionar. Es decir, los talibanes convirtieron las calles, los hospitales, las aulas, el trabajo y las familias en puestos de control.
Los datos son una acusación en sí mismos. Afganistán es hoy el único país del mundo donde las niñas y mujeres tienen prohibido acceder a la secundaria y a la educación superior. Millones de niñas han sido expulsadas del futuro. UNESCO habló de 2.2 millones de niñas fuera de la escuela más allá de primaria. UNICEF advirtió que, si la prohibición continúa hasta 2030, más de 4 millones de niñas habrán sido privadas de ese derecho. No es un daño colateral. Es una política de Estado.
Casi el 80% de las jóvenes afganas de 18 a 29 años no están en educación, empleo ni formación. No porque sean incapaces. No porque no quieran. No porque su cultura las haya llevado espontáneamente a eso. Están fuera porque un régimen decidió que el talento femenino es una amenaza. Que una mujer educada es peligrosa. Que una niña que aprende puede convertirse en una mujer que pregunta, y una mujer que pregunta es insoportable para cualquier tiranía.
También se advirtió el riesgo de perder hasta 20,000 maestras y 5,400 trabajadoras de salud para 2030. Es decir, el régimen no solo reprime a las mujeres actuales, también destruye a las futuras maestras, enfermeras, parteras y médicas que podrían sostener al país. Prohíben que las mujeres estudien, luego faltan mujeres profesionales, luego usan esa misma falta como excusa para limitar aún más la atención de otras mujeres. Es una trampa perfecta y cruel. Primero se les cierra la puerta. Luego se les culpa por estar afuera.
Y esa trampa la podemos notar claramente en la salud. Una mujer puede necesitar atención médica, pero no tener un acompañante masculino disponible. Puede haber una clínica, pero no poder llegar. Puede existir tratamiento, pero no tener permiso. Puede requerir atención de una profesional mujer, pero el régimen está destruyendo precisamente la formación de esas profesionales. La consecuencia es una sociedad donde hasta enfermarse se vuelve más peligroso por ser mujer.
La justicia tampoco es refugio. Apenas el 14% de las mujeres tiene acceso a mecanismos formales de resolución de disputas. Imaginemos a una mujer que quiere denunciar violencia en su casa. Para salir, puede necesitar permiso o compañía. Para trasladarse, puede depender de un hombre. Para hablar, puede enfrentarse a funcionarios que no la miran como víctima, sino como esposa desobediente. Para sostener su caso, puede no tener abogada, ni jueza, ni fiscal mujer que la escuche desde una mínima comprensión de su realidad. Y al final, el sistema puede preguntarle por qué salió, por qué habló, por qué no volvió, por qué no obedeció. Así, la justicia deja de ser una puerta de salida y se convierte en otra habitación del encierro.
Además, antes de 2021, el sistema ya tenía problemas graves. La edad legal era desigual, existían excepciones peligrosas y la tutela masculina debilitaba el consentimiento femenino. Pero el nuevo marco talibán empujó la situación hacia algo mucho peor. Si la edad mínima fija desaparece y la pubertad pasa a ser criterio de validez, si el silencio de una niña puede interpretarse como aceptación, entonces el consentimiento dejó de ser voluntad. Una niña callada no está consintiendo. Puede estar aterrada. Puede estar presionada. Puede no entender. Puede no tener opción. Convertir ese silencio en autorización legal es una de las formas más repugnantes de coerción.
Por eso también resulta tan hipócrita el silencio selectivo del feminismo radical occidental. Porque cuando el blanco es una universidad occidental, una empresa privada o una opinión conservadora, no descansan. Pero cuando toca enfrentar a una teocracia armada que aplasta a las mujeres bajo una interpretación literal de la sharía, de pronto aparecen las excusas elegantes. Se indignan más con una mujer que critica al feminismo que con un régimen que prohíbe a las mujeres estudiar. Así de mal estamos.
Y mientras desde acá se administran matices, consignas y superioridades morales, en alguna parte del mundo existe una mujer como yo: con mis habilidades, deseos, disciplina y amor por los suyos; una mujer que pudo haber estudiado, escrito, curado, enseñado, gobernado o levantado una familia en libertad. Tal vez sea más valiente que yo, más noble que yo, más capaz que yo. Tal vez lo único que nos separa no sea el mérito, ni la voluntad, ni la dignidad, sino que yo nací donde puedo decidir, y ella donde otros deciden por ella. Yo puedo hablar de libertad; ella tiene que sobrevivir a su ausencia. Yo puedo escribir esta columna; ella quizá está siendo convertida en esposa antes de haber podido ser niña.
Por eso no, esto no se arregla diciendo que hay que “respetar culturas”. No toda práctica cultural merece respeto. No toda costumbre merece silencio. No toda tradición merece blindaje. Yo no voy a fingir neutralidad frente a esto, porque no hay neutralidad decente ante una infancia confiscada en nombre del honor. No hay neutralidad ante millones de niñas expulsadas de las aulas como si aprender fuera una amenaza. No hay neutralidad ante mujeres obligadas a pedir permiso para moverse, trabajar, denunciar o curarse. No hay neutralidad ante un régimen que llama virtud a la subordinación, orden a la asfixia y cultura a la anulación de media humanidad.
