San Salvador, 28 mar (EFE).- Más de 3.780 casos de personas con derechos humanos vulnerados durante la implementación de un régimen de excepción en El Salvador para combatir a las pandillas, según registra la organización no gubernamental Cristosal, cuyas estadísticas fueron compartidas este jueves a EFE.
De acuerdo con Cristosal, cuyos registros van desde el 27 de marzo de 2022 al 27 de marzo del presente año, en dos años de la medida ha recibido 3.643 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos, con 3.789 víctimas “directas”.
El 96,76 % de las denuncias son por detención arbitraria, el 25,7 % por allanamientos ilegal de morada y el 9,9 % por malos tratos, según los datos.
La mayoría de las personas afectadas, de acuerdo con Cristosal, son jóvenes de entre 18 y 30 años, con el 57,4 % de los casos, principalmente hombres; le siguen las personas de entre 31 y 41 años con un 24,9 % y las de 42 años o más con un 12,8 % del total.
También se registran 62 casos de personas de la comunidad LGTBIQ+ afectadas y los victimarios son en su mayoría son agentes de la Policía Nacional Civil, indica la organización.
La polémica medida de régimen de excepción, que por el momento ha contribuido a la disminución de homicidios en El Salvador y que ha dejado más de 78.500 detenciones, cumplió el miércoles dos años de su implementación, ya que fue decretada el 27 marzo de 2022 tras una oleada de asesinatos en un fin de semana.
El régimen goza de la aceptación de una buena parte de la población, en especial de los ciudadanos que viven en comunidades y barrios históricamente afectados por la violencia de las pandillas, y elevó la popularidad del presidente Nayib Bukele.
Amnistía Internacional (AI) alertó el miércoles que la crisis de derechos humanos en El Salvador, provocada por la implementación del régimen, podría profundizarse en el segundo mandato del presidente Bukele.
La organización señaló en un comunicado que después de dos años del régimen de excepción y del comienzo de una serie de reformas a la legislación penal, el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas medidas como el principal elemento en su estrategia de seguridad. EFE
Washington, 20 mar (elmundo.cr) – El Gobierno de Estados Unidos publicó este lunes un informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela. En el documento se enumeran asesinatos, desapariciones y torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del régimen chavista.
El informe denuncia que el régimen de Maduro no tomó acciones efectivas para identificar, investigar, enjuiciar o castigar a los oficiales que pudieron haber cometido violaciones a los derechos humanos o que estuvieron implicados en casos de corrupción.
“Cada vez más impopular entre los ciudadanos, el régimen de Maduro depende de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas partidarias del régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población. Hay informes de que miembros de las fuerzas de seguridad cometieron numerosos abusos. Un informe de la ONU de septiembre detalló el uso sistemático del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar para intimidar y controlar las actividades de los opositores políticos”, dice el documento de la Casa Blanca.
Entre las decenas de casos denunciados está una masacre cometida por Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El 20 de marzo de 2022 miembros de el ejército asesinaron a cuatro indígenas e hirieron a otros cinco de la comunidad yanomamis en el Amazonas venezolano. El altercado se habría iniciado cuando miembros de FANB se negaron a devolver un router de internet que pertenecía a los indígenas.
“Aunque el régimen no divulgó estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, las organizaciones no gubernamentales (ONG) informaron que las fuerzas policiales nacionales, estatales y municipales, así como las fuerzas armadas y los colectivos apoyados por el régimen, llevaron a cabo cientos de ejecuciones durante el año”, denuncia el informe.
Washington señala que la Fiscalía de Venezuela, encabeza de Tarek William Saab, no ha investigado de manera oportuna los crímenes cometido por las fuerzas de seguridad chavista y se niega dar cifras de oficiales que están siendo investigados o que se encuentran en etapa de juicio.
El informe también señala asesinatos contra líderes ambientales, políticos e incluso un policía acusado de corrupción que murió mientras era torturado e interrogado.
Se señala en el documento“Según un informe de junio publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se sometió a una reestructuración en 2021 que resultó en la disolución de Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), entidad involucrada en muertes en el contexto de operaciones de seguridad. A pesar del anuncio de la ACNUDH, las ONG locales señalaron que el régimen nunca emitió una declaración oficial que confirmara la disolución de las FAES. En septiembre, PROVEA informó que la sede de la FAES reemplazó las siglas de la FAES por la Dirección General contra el Crimen Organizado (DGCO) y la Dirección de Investigaciones Criminales. PROVEA también señaló que el exdirector de FAES, José Miguel Domínguez, figuraba como director de la DGCO”
El informe señala 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados fronterizos Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas. Según las investigaciones que la ONG Fundaredes documentó en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales fueron cómplices con las fuerzas de seguridad del régimen en la violación de derechos humanos, incluidas desapariciones
“La Oficina del Procurador de los Derechos Humanos, alineada con el régimen de Maduro, no publicó estadísticas sobre las denuncias de tortura por parte de la policía durante el año. Varias ONG detallaron casos de tortura generalizada y ‘tratos crueles, inhumanos y degradantes’. Los grupos de derechos humanos y la FFM informaron que el régimen siguió influyendo en el fiscal general y los defensores públicos para que realizaran investigaciones de manera selectiva y subjetiva”, denuncia el documento.
Muchos de los torturados son prisioneros políticos o miembros de las fuerzas de seguridad que han denunciado los aterradores métodos aplicados por parte del régimen de Maduro para torturar. Algunas personas han muerto mientras eran torturadas.
“El 6 de enero de 2022, el teniente coronel del ejército Igbert José Marín Chaparro, preso político detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), puso fin a una huelga de hambre que inició el 21 de diciembre de 2021, en protesta por las malas condiciones de detención y las torturas recibidas durante su detención. Marín Chaparro emitió una carta pública solicitando a diversas instituciones internacionales que investiguen el uso de mecanismos de tortura utilizados contra él y otros presos, como la Casa de los Sueños, celdas de castigo en el sótano de la sede de la DGCIM. Marin Chaparro también informó que fue torturado con bolsas en la cabeza, gases lacrimógenos y golpes repetidos que le rompieron las costillas”, señala el informe.
La dictadura, señala el informe, Maduro utilizó el poder judicial para intimidar y enjuiciar a personas críticas con las políticas o acciones del régimen. Al 28 de noviembre, Foro Penal reportó 277 presos políticos en cárceles y centros de detención venezolanos.
“La ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. Identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación tradicionales; siete casos de censura vía bloqueo de medios; ocho casos de arrestos o detenciones de civiles y periodistas; y 387 casos de hostigamiento, agresión e intimidación hacia periodistas y civiles durante manifestaciones”, señala el informe.
El en el documento señala que el 18 de abril, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de publicar un video en TikTok que criticaba a Diosdado Cabello y a la esposa de Maduro, Cilia Flores. El fiscal general del régimen, Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.
“Desde 2017, la llamada ley contra el odio se utilizó para castigar los ‘delitos de odio’, incluidos los mensajes en las redes sociales. La ley se utilizó a menudo para arrestar a disidentes políticos y continuar con la intimidación, limitando sus derechos incluso cuando estaban en libertad al prohibir los viajes internacionales y exigir comparecencias periódicas ante los tribunales”, denuncia el informe.
San José, 8 oct (elmundo.cr)- La Fiscalía Adjunta de Limón logró una condena de 56 años de prisión en contra de Mario Alberto Castro Olivares, culpable de cometer cuatro violaciones y dos abusos sexuales, en perjuicio de su hija adoptiva, menor de edad.
La sentencia fue impuesta esta tarde en el Tribunal Penal de la zona, el cual, por las reglas del concurso material, readecuó la pena a 50 años, máximo permitido en la legislación costarricense.
Los hechos ocurrieron a finales del 2014, cuando la víctima, hija adoptiva del imputado, tenía 13 años de edad.
El Ministerio Público demostró que Castro cometió las cuatro violaciones en Zent de Matina, en la casa de ellos, cuando aprovechaba estar a solas con la ofendida; también comprobó que los dos abusos sexuales ocurrieron en las cercanías del Río Palestina, cuando el hombre llevaba a la víctima a pescar.
A inicios del 2015, la víctima tuvo conocimiento de que en contra de su padre existía una denuncia por delito sexual, por lo que le comentó a una amiga suya lo que había pasado. Posteriormente, interpuso la denuncia en la Fiscalía, la cual abrió la causa 15-000900-0472-PE.
Por solicitud de esta Fiscalía, el imputado pasará seis meses en prisión preventiva, mientras la sentencia adquiere firmeza.
San José, 28 may (elmundo.cr)- En una audiencia que finalizó cerca de las 10:00 a.m., se ordenó que un médico de apellidos Quesada Rodríguez cumpla medidas cautelares, mientras la Fiscalía Adjunta de San Ramón lo investiga como sospechoso dos presuntos delitos de violación y uno de abuso sexual.
El imputado tendrá impedimento de salida del país, prohibición para ejercer la práctica médica, deberá ser reubicado en un área administrativa por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social, no tener ningún contacto con víctimas ni testigos de la causa, mantener un domicilio fijo y obligación de acudir a los llamamientos judiciales.
La Fiscalía apeló esta resolución, pues considera que debe permanecer en prisión preventiva.
Quesada fue detenido ayer en el Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en San Ramón, donde, en apariencia, habría cometido los presuntos delitos en perjuicio de dos mujeres mayores de edad.
Supuestamente los hechos ocurrieron mientras las víctimas acudían a consulta con el sospechoso, quien trabajaba en el área de Clínica del Dolor.
Según las denuncias recibidas por la Fiscalía, las situaciones se presentaron, en el primer caso, durante el 2016, sin que se pueda precisar una fecha exacta; y el segundo caso habría ocurrido el 27 de febrero del 2017.
Además de la captura del imputado, ayer se realizaron allanamientos en cuatro oficinas del centro hospitalario, específicamente en la Contraloría de Servicios, la Dirección Médica, el Archivo y el consultorio del sospechoso; ahí se logró decomisar evidencia relevante para la investigación, tal como expedientes médicos y administrativos.
La investigación avanza dentro del expediente 19-000499-0332-PE.
San José, 27 may (elmundo.cr)- La Fiscalía Adjunta de San Ramón confirmó la detención de un médico del Hospital Carlos Luis Valverde Vega, en dicha localidad, quien es sospechoso de al menos dos delitos de violación y uno de abuso sexual, ambos contra personas mayores de edad.
La captura del imputado, de apellidos Quesada Rodríguez, se llevó a cabo en el centro médico, donde trabajaba en el área de Clínica del Dolor. Como parte de las diligencias, se realizan allanamientos en la Contraloría de Servicios, la Dirección Médica, el Archivo y el consultorio del sospechoso.
El objetivo es decomisar evidencia relevante para la investigación, tal como expedientes médicos y administrativos, los cuales se encontrarían tanto impresos como en formato digital.
Según las denuncias recibidas por la Fiscalía, los hechos tuvieron como víctimas a dos mujeres y ocurrieron, en el primer caso, durante el 2016, sin que se pueda precisar una fecha exacta; y el segundo caso se presentó el 27 de febrero del 2017.
Presuntamente, Quesada se habría aprovechado de su condición de médico para cometer el abuso sexual y las violaciones dentro del consultorio que ocupaba, mientras se encontraba atendiendo a las pacientes.
La investigación se desarrolla dentro del expediente 19-000499-0332-PE.
Managua, 7 may (VOA) – La crisis sociopolítica que enfrenta Nicaragua desde hace más de un año ha provocado un severo retroceso en el ejercicio del periodismo, según explicó Guillermo Medrano director de proyectos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
“Logramos identificar 1.080 casos de violaciones a la libertad de prensa en estos 365 días, en un informe que elaboramos desde el 1 de abril del 2018, al 1 de abril del 2019”.
La misma fundación describió la situación en su más reciente informe sobre un año de crisis sociopolítica como un tiempo de hostilidad y represión, las tres facetas de agresión que ha vivido la prensa independiente en Nicaragua.
“Una tercera etapa, que es la que está todavía predominando viene a partir del 14 de diciembre, cuando viene el allanamiento, robo y confiscación a las instalaciones de Confidencial, y a los programas Esta Noche, Esta Semana, y la Revista Níu y tiene su máxima expresión el 21 de diciembre con la captura y el secuestro, el allanamiento, robo y confiscación del canal 100% Noticias y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda”, indica Medrano.
Sin embargo, periodistas oficialistas, agremiados en la Asociación de Periodistas Patrióticos han reiterado en varias ocasiones sus denuncias contra colegas de medios independientes, a los que acusan de formar parte de un “golpe de Estado fallido”.
Arlen Hernández, vocera de estaasociación gremial expresó: “Denunciamos a quienes abusando de la libertad de expresión que existe en nuestro país mienten, inventan, ofenden, y manipulan a diario en los medios golpistas”.
La fundación Violeta Barrios de Chamarro documentó, a un año de las protestas, más de 477 periodistas que han sido víctimas de represión, con casos en los que a una misma persona y en un solo acto represivo se le provocaron hasta cuatro tipos distintos de violaciones al ejercicio periodístico.
Las patrullas en las calles de Sudán del Sur han aumentado para evitar más ataques sexuales en el estado de Unity. UNMISS/Isaac Billy
Ginebra, 16 feb (elmundo.cr) – Al menos 134 mujeres y 49 niñas fueron violadas por grupos armados y militares en el estado de Unity en Sudán del Sur en los últimos cuatro meses de 2018, en una ola de ataques que parece no disminuir a pesar de la firma de un acuerdo de paz.
“Entre las sobrevivientes, había niñas de hasta ocho años, y es posible que el nivel real de violencia sexual sea considerablemente más alto que el número de casos registrados”, aseguró Rupert Collville, el portavoz de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos este viernes ante periodistas en Ginebra.
La Oficina publicó un informe junto a la Misión de la ONU en el país (UNMISS) que advierte que a pesar de que los ataques contra civiles si han disminuido significativamente desde que se firmó el acuerdo de paz el pasado 12 de septiembre, la violencia sexual relacionada con los conflictos endémicos del estado de Unity continúa caracterizada por una impunidad generalizada, que está contribuyendo a la “normalización” de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Collville aseguró que casi el 90% de las mujeres y las niñas son violadas por más de un perpetrador, y a menudo, durante varias horas. Mujeres embarazadas y madres lactantes también fueron víctimas de violencia sexual, y las historias que cuentan son “desgarradoras”.
“Una de ellas dijo: las mujeres no tenemos elección. No hay alternativa para nosotras. Si vamos por la carretera principal, nos violan. Si vamos por el bosque, nos violan. Me violaron junto a otras mujeres repetidamente en la misma zona en tres ocasiones diferentes. Evitábamos la carretera porque habíamos escuchado historias horribles de las mujeres y niñas que son capturadas cuando pasan por ahí, pero lo mismo nos pasó a nosotras. No hay escapatoria. Nos violan a todas.”
La crueldad de los ataques
La situación es tan terrible que solo en un incidente ocurrido el 17 de diciembre, en la aldea de Lang en el condado de Koch, cinco mujeres fueron violadas por pandillas, cuatro de las cuales estaban embarazadas, incluyendo una que tenía casi nueve meses de embarazo.
Las sobrevivientes de violencia sexual describieron haber sido brutalmente golpeadas por los perpetradores con culatas de rifle, palos, pequeñas armas de fuego y cables si intentaban resistir a sus agresores o después de haber sido violadas.
Según el informe, la crueldad de los atacantes parece ser una característica constante de la violencia sexual documentada. La investigación también indica que los perpetradores tenían un cierto nivel de premeditación.
“Un sobreviviente contó cómo ella y sus amigas fueron violadas en tres ocasiones diferentes y que, con cada ataque, el número de asaltantes aumentó significativamente”, dijo el portavoz.
Los perpetradores y su impunidad
Según la Oficina de la Alta Comisionada, la mayoría de los ataques han sido llevados a cabo por grupos de milicias juveniles y elementos del Ejército de Liberación Popular de Pro-Taban Deng Sudán y de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur. En algunos casos, los ataques fueron perpetrados por miembros del Ejército de Liberación Popular pro-Riek Machar.
“Los tres grupos hacen parte del acuerdo de paz, y aunque varios líderes han emitido declaraciones condenando la violencia sexual, el área de Unity tiene una larga historia de abusos sexuales atroces y la impunidad es generalizada”, recalcó Collville.
De acuerdo con el informe, múltiples factores han contribuido al aumento de la violencia sexual en área, incluyendo un gran número de combatientes esperando por la implementación de los acuerdos de seguridad en el marco del proceso de paz; la presencia de muchas milicias armadas juveniles; y la impunidad generalizada de ataques en el pasado.
Además, dada la destrucción de sus medios de vida, el desplazamiento forzado y la inseguridad alimentaria después de años de guerra civil en Sudán del Sur, muchas mujeres y niñas deben viajar largas distancias a través de áreas de alto riesgo en busca de alimentos, agua y leña.
“El informe señala un sentimiento de resignación entre las sobrevivientes y un sentido de normalización en torno al riesgo de ser sometidas a la violencia sexual”, agregó el portavoz.
Las posibles medidas para parar los ataques
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó al Gobierno de Sudán del Sur que adopte medidas adecuadas, incluidas las establecidas en el acuerdo de paz, para proteger a las mujeres y a las niñas, así como que investigue sin demora y exhaustivamente todas las denuncias de violencia sexual, responsabilizando a los perpetradores.
Desde los informes iniciales del aumento de casos de violencia sexual, la Misión de la ONU se comprometió a colaborar con distintos líderes políticos y las fuerzas de seguridad. Se incrementaron las patrullas y se despejaron los matorrales de las carreteras para evitar que los atacantes se oculten.
“La UNMISS también ha estado operando un tribunal móvil en puntos de acceso, incluidos Bentiu y Malakal, para ayudar a resolver el problema de la impunidad, y tiene la intención de trabajar con las autoridades judiciales locales para apoyar a dichos tribunales móviles en el procesamiento de delitos más ampliamente en todo el país”, informó Collville, añadiendo que gracias a esta medida ya se logró la condena de un individuo.
El portavoz aseguró que lamentablemente se han continuado recibiendo informes de violaciones múltiples en el Estado de Unity durante las últimas seis semanas, pero que los ataques parecen haberse reducido desde diciembre, probablemente como resultado de las medidas adoptadas por UNMISS y las autoridades locales.
San José, 13 ago (elmundo.cr)- La Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género logró que se impusieran seis meses de prisión preventiva contra un hombre, sospechoso de tres delitos de violación contra dos mujeres y una menor de edad.
La solicitud de medida cautelar fue acogida por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial, el viernes anterior.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron los días 3, 14 y 23 de julio, cuando, en apariencia, el sospechoso contactó a las víctimas mediante Facebook y WhatsApp.
Al parecer, Naranjo citó a una de las ofendidas a una plaza de Cristo Rey, mientras que a las otras dos a un hotel en San José; ahí, presuntamente, las violó y les sustrajo sus celulares, dinero en efectivo y otras pertenecías.
El caso se mantendrá en investigación bajo la causa 18-018682-0042-PE.
Miles de hombres, mujeres y niños son víctimas cada año de la trata de personas, un delito que supone una grave violación de los derechos humanos. En la foto, esta joven de 18 años llegó a Almaty, Kazajistán, con la promesa de ser contratada como empleada del hogar, pero luego fue forzada a prostituirse. Foto: UNICEF/UN045727/Pirozzi
San Pedro, 21 mar (elmundo.cr)- Miguel Ángel Medrano Reyes pasará 32 años en prisión, luego de que La Fiscalía Adjunta de Heredia demostró su culpabilidad por tres delitos de violación y un rapto en perjuicio de una mujer.
El Tribunal Penal de Heredia dictó la sentencia el pasado 9 de marzo.
El sujeto fue condenado a 10 años de prisión por cada delito de violación, sumando un total de 30 años, además de dos años de cárcel por el rapto.
Los hechos ocurrieron el 18 de marzo del 2011, en horas de la noche, en la localidad de Guararí, cuando el imputado citó a la mujer a su casa, valiéndose de que ya se conocían; cuando la ofendida llegó, la golpeó en el rostro para posteriormente cometer las violaciones.
Tras la investigación, la Fiscalía comprobó que Medrano la obligó a permanecer en el lugar de los hechos hasta el siguiente día.
Además de la sentencia, el Tribunal ordenó la prisión preventiva del imputado, por seis meses, hasta que la condena quede en firme. La causa se investigó bajo el expediente 11-000992-0059-PE
Caracas, 8 ago (elmundo.cr) – Un equipo de expertos de la ONU en derechos humanos reveló este martes las conclusiones preliminares de una investigación cuyos resultados sugieren que en Venezuela ha habido un uso generalizado y sistemático de la fuerza excesiva y que se han efectuado detenciones arbitrarias contra los manifestantes.
Las entrevistas realizadas por el grupo asignado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, revelan otras violaciones a las garantías fundamentales que abarcan allanamientos violentos de viviendas y torturas y malos tratos a las personas detenidas en relación con las protestas.
“La investigación fue un resultado de un trabajo que se hizo desde el mes de junio, nosotros pedimos autorización a Venezuela para ingresar al país para realizarla in situ, lamentablemente, el Estado nunca respondió a este requerimiento, por lo que tuvimos un trabajo de observación remoto. Desde fuera de Venezuela entrevistamos a personas que se encontraran en Venezuela o en terceros países que tuvieran información de primera mano sobre las manifestaciones”, explicó Hernán Vales, oficial de Derechos Humanos en una entrevista con Noticias ONU.
Un funcionario de la Oficina del Fiscal General de Venezuela también fue entrevistado. Hasta el 31 de julio, esta entidad había investigado 124 muertes en el contexto de las manifestaciones. Según el análisis de los expertos, las fuerzas de seguridad venezolanas serían responsables de al menos 46, mientras que los grupos armados progubernamentales o “colectivos armados”, serían responsables de otros 27.
El informe se refiere también a la violencia de los manifestantes contra las fuerzas públicas y da cuenta de ocho efectivos de los cuerpos de seguridad muertos en las manifestaciones. No menciona, por otra parte, si hubo víctimas civiles entre los simpatizantes del gobierno.
Señala que varios casos examinados por el equipo mostraron indicios de que las autoridades infligieron tratos crueles, inhumados o degradantes a los detenidos y, en algunas ocasiones, recurrieron a métodos de tortura tales como choques eléctricos y golpizas.
“Le solicitamos al gobierno de Venezuela que de manera inmediata deje de reprimir, deje de usar la fuerza excesivamente contra los manifestantes. También solicitamos que cesen las detenciones arbitrarias y que liberen a todas las personas detenidas arbitrariamente”, agregó Vales.
En un comunicado, Zeid Ra’ad Al Hussein recordó a las autoridades la prohibición absoluta de usar la tortura, de conformidad con las leyes internacionales de derechos humanos.
