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Ministerio de Seguridad Pública se opone ante proyecto que pretende reformar Ley de Armas

Posted on by Redacción

San José, 26 may (elmundo.cr)- El Ministerio de Seguridad Pública manifestó su posición ante proyecto de ley que pretende reformar la Ley de Armas.

Esto, ante la reciente propuesta que presentó la diputada Zoila Volio para realizar una reforma al artículo 23 y 25 de la ley 7.530 de armas y explosivos.

Volio explica en su propuesta, que “al margen de la recientemente aprobada reforma al artículo No.23 de la Ley No. 7530 de Armas y Explosivos, se estableció una prohibición para que únicamente las personas jurídicas que brinden servicios de seguridad privada puedan registrar armas de fuego”.

Y sostuvo que “esto viene a generar un problema, por cuanto a que existen muchas empresas que, por su naturaleza comercial, o por motivos de seguridad, desean adquirir y registrar sus propias armas”.

Ante esto, el viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano señaló que efectivamente “la anterior modificación dejó esta potestad en la ley, solamente a las personas jurídicas que sean empresas de seguridad privada, sin embargo, nosotros al alcance reglamentario ya dimos la posibilidad de que estas personas jurídicas también tengan acceso”.

“Si bien entendemos la necesidad de dejarlo claro en la ley, el tema es que esta modificación, elimina todos los controles que la anterior reforma, la que se aprobó en la Asamblea Legislativa el año pasado, había establecido”, agregó.

Por otra parte, Volio comentó que dicha reforma se realizaría “con la finalidad de corregir un vacío técnico que afecta a los tiradores deportivos, así como la inscripción de armas para personas jurídicas, que por su giro comercial requieren el uso de armas de fuego”.

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Pública explicó que “el tema es que hoy en día las modalidades deportivas de tiro, es un tipo de forma de adquirir armas que tienen una regulación incompleta y que hemos visto que puede ser un portillo para la adquisición de armas en el mercado ilícito”.

Además, Solano reiteró que dicha reforma “elimina todos los controles que en la reforma anterior se habían establecido”.

“En primer lugar quita el límite de dos armas por persona, que fue uno de los logros más significativos de la anterior modificación; y también elimina la necesidad de renovar cada 6 años las matrículas de armas de fuego, el cual era un control y un filtro para evitar que personas con antecedentes penales pudieran adquirir armas o conseguir seguir teniendo armas adquiridas lícitamente”, explicó el viceministro de Seguridad Pública.

“Esta modificación tal y como está planteada, significaría una involución de casi 30 años”, afirmó Solano.

Para finalizar, el viceministro recalcó que el Ministerio de Seguridad Pública está anuente a aceptar la invitación que recibieron de la diputada, de sentarse y trabajar en conjunto para la nueva propuesta, “siempre y cuando no se dé una involución en todas las reformas y controles que logramos establecer en la anterior modificación”.

Zoila Volio presentó una propuesta para realizar una reforma al artículo 23 y 24 de ley de armas

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San José, 19 may (elmundo.cr) – La diputada Zoila Volio, presentó una propuesta para realizar una reforma al artículo 23 y 25 de la ley N.º 7530 de armas y explosivos.

La legisladora, comentó que dicha reforma se realizaría “con la finalidad de corregir un vacío técnico que afecta a los tiradores deportivos, así como la inscripción de armas para personas jurídicas, que por su giro comercial requieren el uso de armas de fuego”.

Según explica Volio en su propuesta “al margen de la recientemente aprobada reforma al artículo No.23 de la Ley No. 7530 de Armas y Explosivos, se estableció una prohibición para que únicamente las personas jurídicas que brinden servicios de seguridad privada puedan registrar armas de fuego”.

“Esto viene a generar un problema, por cuanto a que existen muchas empresas que, por su naturaleza comercial, o por motivos de seguridad, desean adquirir y registrar sus propias armas”, sostuvo la diputada.

Por lo que la reforma al artículo 23 de la ley de armas, consistiría en que las personas físicas deben inscribir las armas de fuego en el Departamento de Control de Armas y Explosivos, ya sea para la defensa de su vida o de su propiedad; así como para la práctica de actividades deportivas, que estén debidamente acreditadas en el país, y las actividades de caza permitidas, según el orden jurídico vigente.

En cuanto a las personas jurídicas, sólo se inscribirían armas para brindar servicios de seguridad privada, Polígonos de Tiro autorizados por la Dirección General de Armamento, Escuelas de Capacitación que estén debidamente autorizadas por la Dirección de Servicios de Seguridad Privada; y personas jurídicas o físicas registradas con seguridad patrimonial, o bien, personas jurídicas debidamente autorizadas para la comercialización de armas y municiones, por la Dirección General de Armamento

Sobre la reforma del Artículo 25 de la ley de armas, consistiría en exceptuar de las prohibiciones que establece el artículo sobre: armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos, en cuanto al ingreso al territorio nacional, nacionalización, fabricación, tenencia, portación, uso y comercialización, son armas de fuego, municiones y explosivos prohibidos, así como sus partes y componentes; a las personas que practican modalidades deportivas debidamente acreditadas y para el mantenimiento e incremento de habilidades y destrezas necesarias en materia de seguridad.

Volio apela a esta reforma, justificado por el hecho de que “el tiro deportivo, es un deporte que implica poner a prueba la precisión y velocidad en el manejo de un arma de fuego”, y la actual ley “ha dejado a muchos de los deportistas que practican el tiro, en un franco estado de indefensión, puesto que dicha reforma estableció una prohibición a la tenencia de armas y cargadores cuya capacidad de carga sobrepase los diecisiete cartuchos”.

2019: El año del control de armas en Costa Rica

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En año 2019 resultó ser el año del control de armas en Costa Rica. Luego de muchos años de esfuerzo se pudo concretar una serie de reformas a la Ley N° 7530, que regula el tema de las armas y explosivos en el país.

Esta historia cuenta además con una característica: Existe abundante evidencia en el país del efecto que tiene la proliferación de armas sobre las condiciones de seguridad ciudadana, y sobre la necesidad de avanzar hacia una legislación que mejore el control y la regulación de estos instrumentos.  Mucha de esta evidencia está debidamente documentada y publicada en documentos como: “El Arsenal Invisible” (Fundación Arias 2001), el “Informe de Desarrollo Humano Venciendo el Temor” (PNUD, 2006), “Armas de Fuego y Violencia en Costa Rica” (Vice-Ministerio de Paz, 2011), “Violencia Armada e Inseguridad en Costa Rica” (FUNPADEM, 2012), “Violencia Armada y Seguridad Ciudadana en Costa Rica” (Fundación Friedrich Ebert, 2014), y finalmente el “Estado de la Violencia Armada en Costa Rica” (Ministerio de Seguridad Pública , 2018). Bien puede afirmarse que las políticas de control de armas están basadas en abundante evidencia científica.

Varios Gobiernos promovieron reformas a la legislación en ese sentido. En el 2006 se impulsó el expediente legislativo 16.429. En el 2010 el expediente 18.050 y en el 2015 el expediente 19.716, todos ellos eran reformas integrales a la Ley de Armas. En el 2018 se logró avanzar con los expedientes 20.508 y 20.509, que son reformas parciales y muy puntuales, y que se convirtieron en Leyes de la República en el año 2019.

La Ley N° 9686 reforma varios artículos de la Ley N° 7530.  Esta Ley se caracteriza por: establecer con claridad el tipo de armas que se consideran prohibidas en el país, definir la obligación de comunicar al Estado cuando se gestiona el traspaso de un arma, permitir la compra de municiones únicamente para las armas que se tienen inscritas, establecer la obligación de denunciar en caso de sustracción o pérdida de un arma,  sancionar a las casas de empeño que reciban armas en garantía de préstamos prendarios y elevar las penas a quiénes tengan o porten un arma legal sin el permiso correspondiente o a quién tenga un arma prohibida.

La Ley N° 9731 reforma también varios artículos de la Ley N° 7530. Estas reformas se caracterizan por: Ampliar el tipo de personas inhibidas para portar o tener armas, obligar a las instituciones públicas que tengan armas a informar al Ministerio de Seguridad sobre sus condiciones y a llevar un inventario de las mistas,  definir con más precisión las armas que se consideran permitidas y el uso de las armas largas solo para la práctica de actividades deportivas, disminuir hasta a dos la cantidad de armas que pueden inscribir las personas físicas para su defensa y ampliar la lista de aquellos lugares a donde no se puede portar armas aunque se tenga el respectivo permiso.

Además, la Ley N° 9692 específicamente está creada para proteger a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con armas de fuego. Esta Ley modifica la Ley contra la Violencia Doméstica y permite a la policía decomisar las armas que se encuentran en posesión del agresor y cancelar los permisos de portación cuando corresponda. Incluso se faculta a la policía a revisar el inmueble donde se está dando la agresión, para ubicar armas a las que el agresor pueda tener acceso, aun cuando no esté en dicho lugar.

La legislación tiene todavía espacios de mejora en favor de las políticas de control de armas. Pero sin duda este 2019 pasa a la historia como el año de la reforma legislativa en la materia.

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Gustavo Viales solicita a Carlos Alvarado que no retrase la firma de la ley de armas

Posted on by Yamileth Angulo

San José, 10 abr (elmundo.cr) – El diputado liberacionista Gustavo Viales le solicitó al presidente de la República, Carlos Alvarado que no retrase la firma de los proyectos que conforma la nueva ley de armas.

Viales señaló que es importante que el Ejecutivo “haga caso omiso de muchas fracciones que intentan vetar el proyecto”.

Este martes el Congreso votó para que la tenencia legal de armas en el país se redujera a dos por persona física.

Se trata del expediente 20.509 de reforma a la Ley de Armas y Explosivos No. 7530, que fue aprobado con el voto a favor de 36 diputados, en contra tuvo 5 votos.

Mientras que el expediente 20.508 fue aprobado en segundo debate.

El legislador señaló que con estos proyectos “estamos aumentando las penas para el uso ilegal de armas, donde estamos cerrando los portillos para que las armas no pasen del mercado legal al mercado ilegal”

Además, se incluyó en la normativa que “las empresas de seguridad privada tengan un protocolo de acción en caso de que ya no estén funcionando”, indicó Viales.