San José, 03 sep (elmundo.cr) – Desde el PLN y el Frente Amplio hasta sindicatos, universidades, expresidentes, jerarcas del Poder Judicial y medios de comunicación conforman un amplio frente crítico frente al proyecto político que gobierna Costa Rica.
A poco menos de cuatro meses de iniciado el gobierno de Laura Fernández, el mapa de la oposición costarricense queda claramente definido.
Aunque no se trata de un bloque homogéneo en lo ideológico ni existe necesariamente cohesión entre todos sus integrantes, partidos políticos, dirigentes sindicales, expresidentes de la República, autoridades del Poder Judicial, universidades públicas, movimientos estudiantiles y sectores de la prensa se unen cada vez con mayor frecuencia en cuestionar decisiones, discursos y políticas del Poder Ejecutivo.
El elemento común es Rodrigo Chaves.
El expresidente, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda y una de las figuras de mayor peso dentro del gobierno de Fernández, continúa concentrando buena parte de los cuestionamientos que recibió durante sus cuatro años en Zapote.
Para diferentes sectores opositores, la administración Fernández representa una continuación del proyecto político iniciado por Chaves en 2022. El propio Gobierno, por su parte, reivindica esa continuidad y acusa a buena parte de sus críticos de intentar frenar las transformaciones que respaldaron los electores.
PLN endurece su enfrentamiento con Chaves
El Partido Liberación Nacional (PLN) constituye uno de los principales contrapesos políticos del Gobierno desde la Asamblea Legislativa.
Su jefe de fracción, Álvaro Ramírez, ha elevado progresivamente el tono contra Chaves. El legislador ha llegado a señalar al actual ministro como el principal problema del gobierno de Fernández y ha cuestionado su capacidad para construir puentes con la oposición.
Ramírez incluso ha sugerido que Fernández debería separar a Chaves del Ministerio de la Presidencia, al considerar que su presencia obstaculiza las posibilidades de diálogo político.
El PLN también ha marcado distancia en materia fiscal, seguridad y relaciones entre los poderes del Estado.
A este frente se suma el secretario general liberacionista, Miguel Guillén, quien desde la administración anterior mantuvo una posición crítica frente a Chaves e incluso presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) una denuncia por presunta beligerancia política relacionada con actividades en las que participaron figuras del actual oficialismo.
Frente Amplio: Villalta y Robles mantienen la línea dura
Desde la izquierda, el Frente Amplio continúa siendo otro de los principales adversarios del chavismo.
José María Villalta, jefe de fracción frenteamplista, ha cuestionado abiertamente la permanencia de Chaves dentro del nuevo Gobierno y ha sostenido que la administración Fernández arrastra problemas y conflictos heredados del gobierno anterior.
Villalta también ha reprochado el estilo confrontativo del exmandatario y su relación con otros poderes del Estado.
Ariel Robles, excandidato presidencial y exdiputado, mantiene igualmente una línea frontal contra el Ejecutivo. Robles ha acusado al Gobierno de privilegiar el espectáculo político y mediático mientras, según su criterio, continúan sin resolverse problemas estructurales en seguridad, educación, salud y economía. Esta pieza de la izquierda frenteamplista, se puede sumar a Patricia Mora, Edgardo Araya, entre otros.
Claudia Dobles sigue buscando ser una de las voces opositoras
Otra de las figuras que ha buscado por todos los medios tener un papel protagónico es Claudia Dobles.
La excandidata presidencial y actual diputada de la Coalición Agenda Ciudadana ha cuestionado reiteradamente la influencia que conserva Chaves dentro del Poder Ejecutivo.
Desde antes de la toma de posesión, Dobles cuestionó la relación política entre Fernández y Chaves y advirtió que la mandataria debía construir un liderazgo propio.
Posteriormente ha criticado al Gobierno por seguridad, institucionalidad democrática, relaciones entre poderes y política exterior.
Dobles ha insistido, sin embargo, en que su oposición no implica cerrar las posibilidades de acuerdos con el Ejecutivo.
Juan Carlos Hidalgo y el PUSC elevan el tono
El presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo, también ha endurecido su posición.
El socialcristiano estableció desde antes del inicio de la administración una serie de “líneas rojas”, entre ellas el rechazo a nuevos impuestos y a determinadas formas de endeudamiento.
Más recientemente, Hidalgo ha cuestionado directamente el liderazgo presidencial de Fernández y ha advertido sobre lo que considera riesgos para la institucionalidad democrática.
También se convirtió en una de las voces críticas frente al decreto gubernamental que declaró secreto de Estado determinada información relacionada con seguridad nacional.
Poder Judicial: el enfrentamiento más delicado
Sin embargo, probablemente la confrontación institucional más profunda del Gobierno no se encuentra en los partidos políticos, sino en el Poder Judicial.
Las diferencias entre el Ejecutivo y autoridades como el fiscal general Carlo Díaz y los magistrados Orlando Aguirre y Patricia Solano vienen escalando desde la administración Chaves.
Díaz llegó a advertir sobre lo que considera “tintes de dictadora” en algunas actuaciones de Fernández, provocando una fuerte respuesta de la mandataria.
Patricia Solano, por su parte, rechazó las acusaciones sobre una supuesta politización de la justicia y defendió la independencia de las investigaciones judiciales.
Orlando Aguirre también ha marcado una línea clara: cualquier reforma al Poder Judicial debe respetar plenamente la independencia judicial.
La tensión alcanzó otro nivel cuando autoridades judiciales rechazaron participar en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad convocada por Fernández, al considerar que algunos asuntos de la agenda podían comprometer la independencia de criterio del Poder Judicial.
El choque entre Zapote y la Corte se ha convertido así en uno de los principales ejes de confrontación política e institucional del país.
Expresidentes levantan la voz
A la oposición partidaria se suma un grupo de expresidentes que durante los últimos años han expresado preocupación por el rumbo político del país.
Laura Chinchilla ha sido una de las voces más fuertes. Al finalizar la administración anterior cuestionó el clima de confrontación, la violencia criminal y el deterioro del debate público.
Luis Guillermo Solís también ha mantenido posiciones críticas contra Chaves, particularmente por su estilo político y por decisiones en materia de política exterior.
Durante la campaña electoral llegó a describir el liderazgo de Chaves como uno caracterizado por los insultos y la división.
Chinchilla y Solís cuestionaron además durante este año la posición de Fernández frente al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.
José María Figueres Olsen también ha manifestado preocupaciones sobre acontecimientos ocurridos durante el periodo chavista. En mayo, por ejemplo, señaló que encontraba como denominador común entre varios costarricenses a quienes Estados Unidos retiró sus visas su “independencia de criterio” frente al gobierno de Chaves.
Aunque los expresidentes no actúan como un bloque político formal, sus intervenciones han contribuido a alimentar el debate sobre institucionalidad, democracia, política exterior y libertad de expresión.
Sindicatos pasan de la crítica a la amenaza de movilización
En el sector sindical, Albino Vargas se mantiene como una de las figuras más confrontativas frente al Gobierno.
El secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) elevó este jueves considerablemente el tono al plantear incluso la posibilidad de “parar el país” mediante lo que denominó la “democracia de la calle”.
Vargas acusa al Ejecutivo de ejercer “violencia política”, desconocer la Constitución y desobedecer resoluciones de la Sala Constitucional.
Otro dirigente enfrentado directamente con Chaves es Gilberth Díaz, secretario general del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC).
El SEC anunció recientemente acciones legales a raíz de declaraciones realizadas por Chaves sobre los ingresos de Díaz y el manejo de las cuotas sindicales.
Los sindicatos se perfilan así como uno de los sectores con mayor capacidad de trasladar la oposición política desde las declaraciones públicas hacia la movilización en las calles.
Universidades públicas: el FEES vuelve a marcar la disputa
Las universidades públicas constituyen otro foco de tensión.
La discusión sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), la fiscalización de los recursos universitarios y las diferencias sobre el financiamiento de la educación superior han mantenido enfrentados al Ejecutivo y al sector universitario.
El rector de la Universidad de Costa Rica, Carlos Araya, ha defendido la independencia de la institución y la importancia de la educación pública, aunque su posición ha sido más institucional y moderada que la de otros sectores opositores.
Las universidades estatales también han señalado estar dispuestas a someter sus cuentas al escrutinio político, siempre que cualquier investigación se sustente en información objetiva, verificable y técnicamente fundamentada.
Por su parte, organizaciones y movimientos estudiantiles de izquierda vinculados principalmente con el Frente Amplio en las universidades públicas han mantenido posiciones críticas frente a las políticas del chavismo, particularmente en materia de educación pública, presupuesto universitario, derechos sociales y modelo económico.
La Nación y CRHoy mantienen fuerte fiscalización
Otro frente de permanente tensión es la relación entre el Gobierno y algunos medios de comunicación.
La Nación ha mantenido una línea editorial fuertemente crítica hacia Chaves y Fernández, particularmente alrededor del estilo confrontativo del Ejecutivo, la relación con el Poder Judicial, la transparencia y la institucionalidad.
Este mismo 3 de septiembre, el periódico publicó un editorial titulado “El insulto como método de gobierno”, en el que cuestionó directamente el lenguaje empleado desde Casa Presidencial.
Un análisis publicado anteriormente por ese medio contabilizó 37 expresiones agresivas durante los primeros 100 días del actual Gobierno: 31 atribuidas a Fernández y seis a Chaves.
CRHoy el medio del banquero, Leonel Baruch, también ha mantenido una intensa cobertura crítica sobre la gestión gubernamental. En su balance de los primeros 100 días de Fernández destacó contradicciones, polémicas y enfrentamientos protagonizados por el Ejecutivo.
A estos dos medios privados, podemos sumar al medio financiado con recursos públicos, Semanario Universidad, que mantiene un constante crítica al gobierno, paralelo a un poyo evidente organizaciones políticas como el Frente Amplio
Estos medios han sido, al mismo tiempo, objeto de fuertes cuestionamientos desde Casa Presidencial.
Un frente opositor minoritario y heterogéneo, unido por el odio al chavismo
El resultado es un mapa político particularmente complejo.
PLN, Frente Amplio, Coalición Agenda Ciudadana y PUSC parten de posiciones ideológicas distintas. El Poder Judicial actúa desde su autonomía constitucional pero cada vez mas politizado. Los sindicatos defienden agendas laborales, como ha sido histórico. Las universidades reclaman financiamiento. Los expresidentes intervienen desde posiciones individuales y los medios opositores ejercen una crítica fundamentada mas en la pauta que dejaron de percibir y que disfrutaron en los gobiernos pasados.
No existe, por tanto, una sola “oposición” organizada.
Lo que sí existe es una creciente coincidencia de rechazo de sectores opositores frente al eje político Fernández-Chaves.
Paradójicamente, las diferencias con el Gobierno han acercado en determinadas discusiones a sectores que históricamente han estado enfrentados entre sí: liberacionistas, socialcristianos, frenteamplistas, sectores provenientes del PAC, sindicatos, académicos y figuras institucionales.
Frente a ellos se encuentra un Gobierno que llegó con una mayoría legislativa de 31 diputados y que interpreta el resultado electoral como un mandato popular para profundizar el proyecto político iniciado en 2022.
De esta manera, durante los primeros meses de la administración Fernández empieza a dibujarse una de las principales disputas de los próximos cuatro años: por un lado, el proyecto político encabezado por Laura Fernández y Rodrigo Chaves; por el otro, una oposición fragmentada ideológicamente, pero cada vez más coincidente en su enfrentamiento con el Gobierno.
