Les ahorramos una vergüenza, señala Diego Vargas sobre inconstitucionalidad de Ley Jaguar

San José, 30 jul (elmundo.cr) – “¡Querían votar a ciegas!”, señaló el jefe de fracción del Liberal Progresista, Diego Vargas, sobre el proyecto de Ley Jaguar.

La Sala Constitucional evacúo la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al expediente legislativo 24.364. denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.

Los magistrados encontraron vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados.

Ante esto, el diputado señaló que “un grupo de diputados de diferentes fracciones y el mismo Gobierno, se molestaron cuando presentamos la consulta de constitucionalidad a la Ley Jaguar el mismo día que iba a votarse en el Plenario. Con esta consulta se detuvo el trámite hasta que la Sala Constitucional se pronunciara por el fondo del proyecto”.

“Les ahorramos una vergüenza, ya que querían votar a favor un proyecto de ley a ciegas, sin saber si era constitucional. Hoy la respuesta de la Sala Constitucional nos da la razón a las serias dudas que teníamos sobre la legalidad del proyecto presentado por el Gobierno”, sostiene.

El diputado cuestionó: “¿Queremos agilizar la obra pública? ¡Sí! Y le pedimos al Gobierno que se siente junto a nosotros a buscar medidas viables y legales para hacerlo”.

“Esperamos que el presidente respete la decisión de La Sala y no se mantenga en la peligrosa línea de lanzar algunos seguidores suyos a la calle, ya que la vía en Costa Rica debe seguir siendo el diálogo”, manifestó.

Vargas insistió en que “actuamos con responsabilidad, esperando el criterio técnico para tomar una decisión. Creemos en la herramienta del referéndum, pero tiene que estar bien hecha”.

Sala IV declara inconstitucional artículos de Ley Jaguar

San José, 29 jul (elmundo.cr) – La Sala Constitucional evacúo la consulta de constitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) al expediente legislativo 24.364. denominado “Ley Jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”.

Los magistrados encontraron vicios de constitucionalidad en todos los artículos consultados.

La Sala Constitucional define por mayoría, que el artículo 2 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y declaran inconstitucional la norma solo respecto de la supresión de la competencia de garantizar la eficiencia en el manejo de los fondos públicos.

Por mayoría, el artículo 3 resulta inconstitucional, salvo respecto de los verbos “sustituir” y “abarcar”, en el tanto la Contraloría General de la República no ejerce funciones de Administración activa. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente respecto del ejercicio del control de legalidad y eficiencia de los fondos públicos.

Por unanimidad, el artículo 4 resulta inconstitucional. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas consignan razones diferentes.

Por mayoría, el artículo 5 resulta inconstitucional en su totalidad. Los magistrados Castillo Víquez, Salazar Alvarado y la magistrada Garro Vargas salvan parcialmente el voto y acotan tal inconstitucionalidad únicamente a la medida cautelar de suspensión de la ejecución de actos y contratos directamente vinculados al manejo de los fondos públicos.

Sala IV declara inconstitucional rebajo de ¢10.000 millones del FEES en 2019

San José, 04 ago (elmundo.cr) – La Sala IV declaró inconstitucional el rebajo de ¢10.000 millones que la Asamblea Legislativa realizó al Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) en 2019.

De acuerdo con la sentencia dictada este miércoles 3 de agosto, que dio la razón a los alegatos presentados por quienes ocupaban en aquel momento la Rectoría de las cinco universidades públicas.

“Se declara con lugar la acción; y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de incluir la rebaja al FEES en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, sin que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para ejercer tal conducta al no existir el diferendo previsto en el artículo 85, de la Constitución Política”, se lee en la resolución.

La Sala Constitucional previno a la Asamblea Legislativa de que puede volver a incurrir en esa conducta

Rodrigo Arias, actual presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), expresó la complacencia de las autoridades universitarias por la decisión del tribunal constitucional, que advierte al Poder Legislativo que lo acordado en la Comisión de Enlace (integrada por los rectores y representantes del Estado para definir el FEES) no puede ser modificado por la Asamblea Legislativa, destacó La Nación.

Para Arias “es importantísimo este voto porque se basa en lo que establece el artículo 85 de la Constitución Política. Ese acuerdo al que se llega en la Comisión de Enlace es un acuerdo que la Asamblea Legislativa después no puede modificar, porque el artículo 85 así lo establece”.

El Congreso, agregó el jerarca universitario, puede intervenir solamente si hay diferendo entre las universidades y el Poder Ejecutivo para llegar a dicho acuerdo.

En su acción de inconstitucionalidad, los rectores se quejaron de que el recorte violentaba el artículo 85 de la Constitución Política, según el cual, el Estado financiará la educación superior estatal, cuyas rentas “no podrá ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”.

La propuesta del Gobierno para el FEES del 2019 fue de ¢511.154 millones, el mismo monto del 2018, pero incluido el 3% de inflación estimada por el Banco Central. Sin embargo, los diputados de ese momento aprobaron rebajarle ¢10.000 millones para trasladar ese presupuesto a la amortización de la deuda pública.

Aquel acto legislativo fue calificado por los rectores en la acción de inconstitucionalidad como una intervención “indebida” del Congreso.

Prendas sobre la UPAD: Lista de violaciones a la Constitución se hace cada vez más grande

San José, 26 ago(elmundo.cr)- El diputado Jonathan Prendas de Nueva República, se refirió esta tarde a la audiencia del abogado Rubén Hernández, ante la Comisión que investiga las acciones de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

Para Prendas, esta sesión aclaró muchas dudas con respecto a la investigación que se realiza «Rubén Hernández fue contundente esta mañana en la comisión UPAD,  nos dejó muy claro que es inconstitucional el argumento que utilizó el ministro de seguridad para dar información sensible y personalizada de los costarricenses al presidente y sus asesores el gobierno».

Según las declaraciones de Hernández el decreto de creación de esta unidad no se podía firmar, debido a que era inconstitucional, y tampoco se podía trasladar la información para crear políticas públicas, ya que para eso se necesita una ley que permita enviar estos datos de cualquier institución del gobierno a Casa Presidencial.

Aunado a esto, el diputado señaló que «la lista irregularidades y violaciones a la Constitución se hace cada vez más grande y despeja toda duda que pudiera existir sobre la legalidad de le agencia de espionaje organizó el gobierno».

«El Partido Acción Ciudadana sigue demostrando que su razón de ser no es el bienestar y la seguridad de la gente y que está dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer sus intereses y los de sus aliados», concluyó.

Proyecto contra usura no tiene vicios de inconstitucionalidad en puntos consultados

San José, 3 jun (elmundo.cr) – La Sala Constitucional resolvió por unanimidad la consulta legislativa facultativa sobre el proyecto de ley denominado: “Adición de los artículos 36 bis, 53 inciso g, h y reforma del artículo 63 de la Ley 7472 de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del consumidor del 20 de diciembre de 1994, publicada en la Gaceta N.º 14 de 19 de enero de 1995”, conocido como ley para regular usura.

El Tribunal concluye en la sentencia N°2020-10160, que el proyecto 20.861 no tiene vicios de inconstitucionalidad en los puntos consultados por los diputados.

La Sala única y exclusivamente se pronunció sobre los aspectos planteados en la consulta, los artículos no consultados no fueron analizados.

Por tanto, es incorrecto afirmar que la Sala Constitucional “avala”, “da visto bueno”, o “autoriza” al proyecto de ley, pues, en realidad, el Tribunal se limita a señalar que en los puntos consultados por los legisladores no se violentan derechos fundamentales ni principios constitucionales.