Después de la aprobación del paquete fiscal en primer debate, vienen dos interrogantes: una de carácter técnico y otra de orden político.
Lo técnico procedimental tiene que ver con el eventual envío del proyecto a la Sala Constitucional, de conseguirse las 10 firmas de diputados para tal consulta facultativa. Se ha dicho que el proceso atropellado de vía rápida puede tener algunos vicios de forma y/o de fondo; uno de los cuales, muy serio, es la omisión del principio de publicidad, al no publicarse el texto sustitutivo aprobado por la Comisión Especial encargada del trámite; ni tampoco, la realización de las consultas obligatorias, que también es de obligada observancia para la Presidencia de la Asamblea Legislativa. Errores aparentemente no subsanables, pues la ciudadanía ha quedado desinformada del texto en discusión, para poder realizar objeciones u aportes al proyecto vía de sus respectivos representantes ante el Parlamento.
El de carácter político se viene cuando las expectativas de recaudación, que siempre son muy halagüeñas en la teoría, no cumplan con los números reales de ingresos al fisco. Se sabe que todo impuesto es recesivo pues la gente evita comprar y gastar una vez que le encarecen los bienes y servicios. Por lo menos así ocurre en los primeros meses de entrada en vigencia de los nuevos tributos. Así, este parche fiscal en las finanzas del estado persigue más un efecto tranquilizador para los tenedores de deuda y un efecto cosmético para que los organismos financieros internacionales den su anuencia a nuevos créditos y refinanciamientos que permiten “patear el balón” hacia adelante.
Sin embargo, a muy corto plazo tendremos que aprobar proyectos controversiales como una nueva estructura de homologación salarial en el sector público para funcionarios de nuevo ingreso, así como recortes drásticos en transferencias obligatorias por ley, congelamiento de plazas de jubilaciones y no apertura de plazas nuevas en todo el sector público. Control de salarios crecientes por un lapso prudencial; venta de activos improductivos u ociosos en todo el aparato público; fusión o venta de instituciones innecesarias y reunificación de programas sociales dispersos y duplicados en la lucha contra la pobreza, entre otros.
El panorama es complejo, difícil. Aún con el plan fiscal aprobado, el entorno económico y social genera aún cierto grado de incertidumbre. La contracción en el consumo por parte de la ciudadanía es un proceso que llevará sus semanas, sino meses, para retornar a una dinámica rutinaria en la confianza.
Una lección sí les ha quedado muy clara a todas las fuerzas políticas actuales, y es la dificultad con que se toparía cualquier administración futura que vuelva a apostar por otro paquetazo. La aprobación de este proyecto ha tomado casi 4 administraciones consecutivas que se matricularon en este desgaste político descomunal.
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