Propuestas como la venta de activos y la apertura de mercados no son nuevas en nuestro medio, sino todo lo contrario. Así que no deberíamos tomarlas a la ligera. Las discusiones ideológicas son una forma de hacerlo, que simula una falsa seriedad y no aporta nada.
Que el Estado es mejor que el mercado, que la empresa privada es más eficiente, y toda la serie de argumentos semejantes, no son otra cosa que fuegos artificiales, que desvían la atención de lo verdaderamente importante.
Entrémosle en serio a la propuesta del presidente Chaves, sin miedo, de forma pragmática y sin convertir la discusión en un “pique” personal. Hay suficiente experiencia dentro y fuera de Costa Rica, como para que el ejercicio no sea provechoso.
Yo no soy ni economista, ni administrador ni ingeniero, y tampoco soy historiador, los cuales por cierto tendrían mucho que decir. Soy otro ciudadano más con algunas preguntas. Unas que, por supuesto, no agotan el tema.
De las eventuales respuestas debería resultar un balance que permita construir apoyo, o lo contrario si los argumentos no convencen.
Me dirán que es una perdida de tiempo, pero en democracia y en materia de reformas de importancia, nada provoca un mayor desperdicio de este recurso, que las consecuencias de la necedad de actuar a la carrera para no perderlo.
Planteo aquí, de forma muy general y en desorden, algunas de estas inquietudes. Es importante conocer qué problemas se pretenden solucionar con la venta, si hay o no otras alternativas. Las respuestas a estas preguntas son de todo, menos una obviedad. Debemos saber cuanto se espera recibir por los activos que se propone vender; cómo se calcularía ese valor y quienes lo definirían; cuál sería el destino de los recursos; en caso de que se pretenda pagar deuda pública, cual es el monto de esta y en cuanto disminuiría; si hay otros objetivos, cuales son y qué beneficios se esperan del negocio; cuál es la posición en el mercado de cada uno de los activos y cuál sería la de un eventual comprador; cómo benefician estos movimientos a los consumidores y a los productores; qué servicios y políticas públicas se financian total o parcialmente con las utilidades de activos como el Banco de Costa Rica; cómo se financiarían estos servicios y políticas después de la venta; cuál es el balance entre la cartera comercial del INS y riesgos del trabajo y cómo lo afecta la propuesta del Poder Ejecutivo; etc.
Y por supuesto, en caso de que el balance de las respuestas favorezca las propuestas, cuál es el procedimiento a seguir. Esto específicamente no es una majadería. Tal y como demuestra el episodio del FEES. Conocer de manera precisa las normas y procedimientos involucrados no es una cuestión de elegancia, sino algo fundamental e indispensable que condiciona las metas y el curso de acción.
Se trata de una serie de preguntas cuya respuesta merece conocer la opinión pública, y que deben hacer la ciudadanía y quienes la representan, deban o no pasar las iniciativas por la Asamblea Legislativa.
—
Los artículos de opinión aquí publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de EL MUNDO. Cualquier persona interesada en publicar un artículo de opinión en este medio puede hacerlo, enviando el texto con nombre completo, foto en PDF de la cédula de identidad por ambos lados y número de teléfono al correo redaccion@elmundo.cr, o elmundocr@gmail.com.