El pasado 4 de febrero más de 3.57 millones de costarricenses estaban convocados a votar -123.372 eran nuevos electores y 84.416 personas naturalizadas- en las 6.469 juntas receptoras instaladas para elegir en 84 cantones a 6.612 autoridades municipales. El menú fue de casi 40.000 candidaturas postuladas por los 77 partidos que finalmente participaron, 16 de ellos debutantes de los 161 que al inicio podían solicitar la inscripción de puestos de representación; sí, 161 partidos registrados.
Pese a esa notable oferta partidaria, a las campañas informativas y motivacionales del TSE, a la disponibilidad de otros recursos informativos y herramientas digitales, así como a los 6.900 millones de colones gastados en organización electoral – sin incluir 10.795 millones de deuda política sujetos a liquidación de los partidos- siguió siendo protagonista el abstencionismo, que volvió al 68% superando en 4% la también alta ausencia de las urnas en las elecciones municipales de 2020 (64%).
El promedio histórico de abstencionismo en este tipo de comicios ha sido del 70%, si se lo considera desde las primeras elecciones de alcaldías realizadas en diciembre de 2002. (Ver Elecciones Municipales en cifras 2002-2020, disponible en www.tse.go.cr). Es decir, más partidos y candidaturas, más información y sobre todo más retos y problemas acumulados en los cantones y distritos en los últimos 22 años, no resultó suficiente incentivo para que las personas empadronadas votaran por los futuros representantes de sus intereses más inmediatos.
Lo que sí varió con los votos válidos de la poca gente que asistió a las urnas, fueron los mandos que dominaban ciertas municipalidades, siendo notorio la pérdida experimentada por el PLN de 14 de ellas, así como el repunte a 9 gobiernos locales del partido Unidos Podemos, cuyo aliento parece que se extenderá para competir (¿solo?) en los comicios nacionales del 2026; pero volvamos al mundo municipal.
En el artículo titulado “Las Munis hoy y hace 4 años”, que este medio gentilmente me publicó el 24 de enero de este año, mencionaba los magros rendimientos de los gobiernos locales. Así, del extracto compartido del Resumen Informe del Estado de La Nación (PEN) del año 2019, página 70, se retoma este hallazgo: las Municipalidades no se han convertido en impulsoras de desarrollo con enfoque territorial, por la baja inversión social en programas y productividad, escaza implementación del ordenamiento del territorio para eficientizar el uso de los recursos, que impacte favorablemente el ambiente y clima de negocios cantonal.
Del Índice de Gestión de Servicios Municipales elaborado en el 2023 por la Contraloría General de la República (CGR), a disposición en: https:-//www.cgr.go.crpublicaciones, es memorable que de las 82 “Munis” entonces evaluadas, el 80% demostró un grado de gestión apenas básico e inicial, y el 20% restante no superó el nivel intermedio, lo que probablemente explica en parte las enormes brechas en desarrollo con bienestar, evidenciadas en el Fichero Cantonal presentado el año anterior por el TSE (disponible en: https://tse.go.cr/ficherocantonal2024.htm).
Así, el régimen municipal costarricense, con sus numerosos pero débiles partidos políticos, sin claros programas de gobierno local ni liderazgos fuertes para concretarlos, y con cuestionadas alcaldías por presunta corrupción, ha confirmado su traslado a un estado de urgencia que amerita pronta intervención legislativa.
Y es que, desde la primera elección de alcaldías en diciembre de 2002, y la separación completa de la elección de todas las autoridades locales operada en el año 2016, justificada para visibilizarla más, promover una mayor participación electoral que hablara mejor de la legitimidad de las alcaldías -algunas todavía se eligen con el 15% del padrón o menos- y profundizar la descentralización del poder, no parece resistir la luz de los antecedentes expuestos, de ahí la necesidad de un respetuoso pero urgente llamado a la Comisión Especial Reformas Electorales, para que considere seria y objetivamente, las tres (3) cuestiones que a continuación se proponen.
- Reforma al artículo 55 del Código Municipal, para que los Concejos de Distrito sean integrados por 3 miembros propietarios e igual cantidad de suplentes, y no por 5 como actualmente sucede. Téngase en cuenta que además del “creacionismo” de distritos administrativos impulsado por la cultura política clientelista, para estas elecciones de 2024 cerca de 4.000 cargos correspondieron a esas concejalías de los 612 en disputa.
Las sindicalías también integran esos órganos distritales y tienen vos en el Concejo Municipal, por lo que su disminución a 3 miembros tornaría más esbelta la estructura de los gobiernos locales y podría mejorar su gobernanza, al tiempo que reduciría costos de organización partidaria y electoral, máxime si se considera la iniciativa de asignar más financiamiento estatal a estos comicios.
- Considerando lo anterior; fundamento y necesidad real de conservar separadas las elecciones municipales de las nacionales, cuya nutrida participación de votantes alimentará la de puestos municipales, que ha promediado en 22 años ser de un lastimero 30%. Cobra relevancia el proyecto que se tramita en ese sentido bajo el expediente 23.229 del que El Mundo. CR ya informó.
- Mantener la propuesta anterior, aunque la primera no prospere, porque también podría ser materia de un eventual referéndum. Y; lo olvidaba, la reforma siempre pendiente de calado constitucional para superar la desactualizada división territorial administrativa del país, que podría acceder a una distribución moderna y electoralmente funcional por regiones y subregiones similar al sistema de planificación de MIDEPLAN o al que mejor se diseñe. ¿Existirá voluntad?
Finalmente, a los “consumados demócratas” que puedan exaltarse por esas proposiciones, habrá que recordarles el alto costo organizacional de los comicios municipales -que lo vale- pero que cada 4 años es empañado por el vergonzoso abstencionismo registrado desde el 2002, la baja legitimidad de las alcaldías y otras autoridades electas con muy pocos votos, así como por sus cuestionamientos éticos y deficitaria gestión de muchas de ellas, todo lo cual no habla precisamente bien de la funcionalidad y o plenitud democrática en lo local, y menos de la ya mítica descentralización que nunca llega; algo hay que hacer al respecto y discutir con seriedad esos asuntos es un buen comienzo.